“El gobierno venezolano tiene las peores credenciales que ha tenido un gobierno en materia derechos humanos en más de medio siglo”, aseguró el destacado abogado

“Un gobierno electo no es lo mismo que un gobierno democrático”. La afirmación corresponde al reconocido abogado Pedro Nikken, quien en un análisis sobre la crisis política, económica y social que vive Venezuela rememora la Alemania nazi, donde también los procesos comiciales que suelen identificar a los regímenes democráticos fueron usados para anular los valores de este modelo político.

“En Venezuela, formalmente, lo que hay es un gobierno electo, elección que fue discutida, pero elección al fin. Democracia y gobierno electo normalmente van de la mano, es lo característico, pero en la realidad no necesariamente es así”, señaló a Prensa Unidad Venezuela quien fuera, entre 1983 y 1985, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Yo creo que estamos en una situación no quiero decir que parecida a la de la Alemania nazi, para no exagerar, pero sí que sigue el mismo patrón: tratar de legitimar, a través de una elección, todos los actos que puedan ir contra los valores de la democracia”, señaló.

“La peor tiranía que registre la historia reciente, al menos, que fue la tiranía nazi, llegó al poder por elecciones. El mandato de (Adolfo) Hitler fue ratificado con votaciones abrumadoras, legitimidad y validez que nadie cuestionó, pero que fueron obtenidas bajo la cobertura del aparato del Estado”, indicó.

“Si a esto se suma que la democracia tiene que ir acompañada del Estado de Derecho, y de que este no existe si no hay una verdadera separación e independencia de los Poderes Públicos; si no existe el apego del gobierno y del poder a la ley, si el Presidente está gobernando por decreto desconociendo al órgano legislativo, realmente hablar de democracia en Venezuela sería, en este momento, prácticamente una ironía”, cuestionó.

Al profundizar en su reflexión, el también miembro de la Comisión Andina de Juristas no dudó de que en Venezuela rige actualmente “una dictadura con vocación totalitaria porque su propósito es que nadie pueda pensar de una manera distinta a la que piensa el gobierno. El Estado suministra la idea única y es el único que puede resolver los problemas de la gente. La sociedad civil no existe como una entidad autónoma, está confundida y absorbida por el Estado y no puede generar ella misma su propia vida, sino que tiene que seguir apadrinada y asfixiada por el Estado”, aseguró.

Recordó que la idea inicial del chavismo de someter todo al voto lo único que significó fue que ganaron elecciones, pero no que eso sea democrático. “Al contrario, se ha estado pervirtiendo los valores de la democracia utilizando sus herramientas para destruir los valores de la democracia. Eso no es la primera vez que ocurre, pero Venezuela es el más característico de todos los países donde, a través del voto, se ha pretendido abolir la democracia, lo cual es un contrasentido”, aseguró.

Las mayorías resultaron útiles al gobierno en la medida en que estuvieron a su favor. “En este momento, donde todo indica que el gobierno perdería el referendo revocatorio, entonces ya no es bueno consultar al pueblo. Hay una dosis importante de hipocresía, casi que de cinismo en algunos casos”, dijo.

“Venezuela, no lo dudo, es un caso paradigmático en el cual, a través de la elección popular, se ha establecido un régimen autoritario, un régimen con vocación totalitaria, un régimen despótico que desconoce los valores fundamentales de la democracia y los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales”, resumió.

Estado patas arriba

En la medida en que la situación política y social se le ha complicado al gobierno del presidente Nicolás Maduro se han incrementado las protestas sociales, ante la cual la respuesta oficial ha sido aumentar la represión. “A veces pareciera que lo único que funciona es el aparato represivo. Todo lo demás está patas arriba (…) La situación económica y social es terrible y ante eso el gobierno ha dado la espalda, no toma ninguna medida para remediarla. Toda la función del Estado en materia económica y social ha desaparecido”, apuntó.

En ese sentido refirió que el número de presos políticos ha aumentado y que el tratamiento que se les dispensa es crecientemente inhumano. “La criminalización de la protesta y de la limitación constitucional del derecho a manifestar está presente. Hay una situación de deterioro gravísimo de los derechos económicos, sociales y culturales donde por primera vez en Venezuela se habla de hambruna. El Estado parece haberse desaparecido para todo lo que le interesa al ciudadano y solo existe para mantener al gobierno a cualquier precio, aun violando la Constitución, aun violando los derechos humanos, aun desconociendo funciones elementales del Estado”, señaló.

“El gobierno venezolano tiene las peores credenciales que ha tenido un gobierno en materia derechos humanos en más de medio siglo”, aseguró.

En su opinión, hay dos casos fundamentales que evidencian la sistemática y grave situación de violación de los derechos humanos en Venezuela en lo que va del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): Leopoldo López y RCTV.

“Si hay un caso que representa el sufrimiento de todos los presos políticos en Venezuela es Leopoldo López, castigado simplemente por haber ejercido su derecho a la manifestación y sometido a un juicio absolutamente ficticio. Añádase a eso las condiciones en las que está detenido, prácticamente aislado, y sometido a tratos indignos, inhumanos y degradantes de una manera persistente”, dijo.

“Desde los tiempos de Nelson Mandela no veía tanta solidaridad internacional por la persona de un preso político. López se ha convertido en el paradigma de las víctimas de las violaciones a los derechos civiles y políticos, a la libertad, al derecho a disentir, al derecho a expresarse libremente y al derecho a un juicio justo que ha sido brutalmente ultrajado por el Estado”, añadió.

El otro caso emblemático es el de RCTV. “Nunca ha ocurrido en nuestro continente que un canal de tal importancia sea cerrado para satisfacer la determinación de la hegemonía comunicacional del gobierno, para impedir el pluralismo. Aplastaron a RCTV y se las arreglaron para neutralizar a los otros medios precisamente con el efecto RCTV. Si no te cuadras, te cierro. Ese fue un caso realmente devastador para la libertad de expresión en Venezuela”, indicó.

Recordó que ese caso llegó hasta la CIDH que dictaminó la necesidad de devolverle al canal sus equipos y su concesión para restituir el daño causado. “Pero el Estado venezolano ha ignorado y desconocido completamente esa decisión. En ese caso se han violado dos veces los mismos derechos: primero con la decisión de cierre, y luego con el desconocimiento de la sentencia de la Corte. Son dos violaciones continuadas”, apuntó.

Comunismo sin medias tintas

La persecución contra empresarios y trabajadores del sector privado son otra demostración de lo que ocurre “cuando se tiene un gobierno comunista y esto hay que decirlo sin medias tintas. En los gobiernos comunistas se fue aplastando a la sociedad civil, a veces de un golpe o a veces se las cocinó a fuego lento. Cualquier cosa que huela a un resquicio de iniciativa privada para resolver problemas de la población y que sea independiente, para un régimen como este, tiene que ser abolido”.

“No ha existido ningún gobierno comunista donde no haya habido mercado negro, tanto en la moneda como en los bienes elementales. Se trata de que la sociedad sea aplastada por el Estado y que no le quede otra salida que vivir en esos `bolsones de ilegalidad´ donde puedas desarrollar alguna iniciativa, y en los cuales impera, ahí sí, el capitalismo salvaje porque no hay controles. En el caso de Venezuela eso es lo que se llama el `bachaqueo´, donde los precios son los que se le ocurran al que está comerciando”, prosiguió.

“Tenemos un Estado que no tolera que la iniciativa privada resuelva problemas de la sociedad y eso abarca todo, hasta la educación y la política. El referendo revocatorio es una iniciativa privada, una iniciativa popular, ajena al Estado, por eso la tratan de asfixiar a través de distintas argucias. Es un problema de concepto general en el cual el grupo gobernante se siente el dueño de la verdad y no tolera que nadie le dispute nada en ningún campo”, concluyó.

Pedro Nikken, expresidente de la CIDH