La decisión de Estados Unidos -anunciada ayer por el Departamento del Tesoro- de no renovar la Licencia General 44, que ha permitido a Venezuela comerciar libremente en los sectores del petróleo y gas, marca un cambio significativo en la política exterior de la Casa Blanca y tiene profundas implicaciones para la economía venezolana.

En su lugar, se emitirá la Licencia «44A», que autoriza un período de 45 días para cerrar todas las operaciones relacionadas con estos sectores. Este cambio refleja la frustración de Estados Unidos con el incumplimiento por parte de Nicolás Maduro de los acuerdos establecidos en Barbados, enfatizando una postura más dura en respuesta al acoso continuo a opositores políticos y el bloqueo de figuras como María Corina Machado en las elecciones venezolanas.

Esta decisión no es simplemente un ajuste administrativo. Es un claro mensaje político de que la administración Biden está dispuesta a ajustar su enfoque y apalancamiento en función del comportamiento del régimen venezolano.

El gobierno estadounidense sigue expresando su apoyo a la realización de elecciones libres y justas en Venezuela, y esta medida parece ser una táctica para presionar al régimen de Maduro hacia una mayor transparencia y equidad electoral.

Además, la posibilidad de emitir licencias específicas basadas en evaluaciones caso por caso indica un enfoque más selectivo y estratégico hacia las interacciones económicas con Venezuela. Esto podría permitir a la administración Biden mantener cierta influencia económica en Venezuela mientras penaliza específicamente las áreas donde percibe que el régimen venezolano actúa en contra de los intereses democráticos.

Desde un punto de vista económico, la no renovación de la Licencia General y la subsiguiente limitación a licencias individuales restringirán significativamente las operaciones de exportación de crudo de Venezuela, afectando principalmente a Pdvsa.

Las licencias individuales, como la otorgada a Chevron, seguirán permitiendo algunas operaciones, pero bajo un régimen mucho más controlado y limitado. Esto probablemente reducirá los ingresos del gobierno venezolano, que ya están bajo presión por las sanciones existentes y la gestión económica interna.

La estrategia de la Casa Blanca parece ser doble: por un lado, mantener la presión económica sobre el régimen de Maduro para incentivar cambios políticos internos; por otro, limitar el impacto negativo sobre el pueblo venezolano al permitir ciertas operaciones que pueden ayudar a mitigar las peores consecuencias económicas.

La efectividad de esta estrategia dependerá de cómo se maneje la situación política interna en Venezuela y de las reacciones de otros actores internacionales, incluidos los países que hasta ahora han apoyado a Maduro o han mantenido una posición neutral.

En conclusión, mientras la administración Biden ajusta su política hacia Venezuela a través de la administración de licencias y sanciones, el futuro de Venezuela sigue estando en una encrucijada crítica. Las decisiones tomadas en Washington tendrán repercusiones directas no solo para Caracas sino también para la dinámica geopolítica en la región. La comunidad internacional deberá observar de cerca cómo se desarrollan estos eventos y cuál será su impacto en el comportamiento del régimen de Maduro.

Editorial de El Nacional