En la campana electoral del 8 de octubre de 2012, el Gobierno acusó a Henrique Capriles de tener preparado un paquetazo, consistente en devaluar el bolívar y aumentar el precio de la gasolina. Sucede que ha sido Maduro quien devaluó el bolívar en 46% en febrero de 2013 y además tiene preparado un fuerte aumento del precio de la gasolina. Quienes hoy dicen que van a aumentar la gasolina son los mismos que en el pasado han hecho un torneo de demagogia sobre el precio de ese combustible. Cuando CAP hizo el aumento era condenable, ahora es bienvenido.
Está claro que la gasolina en Venezuela está altamente subsidiada y se calcula que ese subsidio alcanza a US$ 3 mil millones cada año. Sucede, sin embargo, que esa inmensa cantidad de dólares es la misma con la cual el gobierno venezolano subsidia a los países de Petrocaribe, llevándose Cuba casi 70% de ese subsidio. Por tanto, es inaceptable para los venezolanos que se aumente la gasolina, lo que en realidad implica una reducción de esa subvención mientras que se mantiene la transferencia de recursos a esos países.
Similarmente, la pregunta que surge es sobre la administración de los ingresos que se derivan del aumento de la gasolina. Para que los ingresos fiscales se incrementen como resultado del alza del precio de la gasolina es fundamental que el precio suba significativamente y de forma sostenida. El alza no será menos de 200% en las primeras de cambio y luego seguirá el aumento.
Para quien esto escribe, los recursos que obtenga el país producto del mayor precio de la gasolina no los puede manejar Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, porque ello sería tirar esos dineros a las arcas del Psuv, del cual Ramírez es jefe de Finanzas. Esos ingresos no pueden ir a alimentar las arcas de un partido político.
En consecuencia, como veo que el aumento es inevitable, mi proposición es que se usen los recursos para financiar tres fondos: el primero, un fondo educativo para mejorar la infraestructura escolar, incluyendo la universitaria. El segundo, un fondo para fortalecer la infraestructura física del país, actualmente en un estado lamentable, y el tercer fondo para el pago de los pasivos laborales.
Estos tres fondos se administrarían de forma tripartita entre el Gobierno, los trabajadores organizados y un representante escogido mediante una consulta popular. Así, se garantizaría un manejo transparente, no corrupto, de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos y no a una parte de ellos.
@JoseAGuerra
Por José Guerra
