Desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro se usó y abusó de los lazos y protecciones internacionales construidos a lo largo de casi tres lustros por Hugo Chávez para asegurar la continuidad de su régimen.

Afinidades ideológicas y cercanías políticas lubricadas con tratos económicos se combinaron desde 1999 con el desconocimiento de instancias internacionales con competencias para informar, opinar o sentenciar sobre los desvíos de las responsabilidades democráticas en el ejercicio del poder.

En los dos últimos años de Chávez fue disminuyendo ese peculiar patrimonio, creado a partir de la dilapidación de la bonanza petrolera y a expensas de la gobernanza constitucional. Pero de un año a esta parte se ha acelerado el derrumbe de la diplomacia venezolana como efecto de los imperativos de un proyecto cada vez menos dispuesto a guardar las apariencias.

Así ha sido desde la forzada e inconstitucional transitoriedad, mal subsanada por una oportunista sentencia del TSJ. Tal decisión fue seguida por una turbia formalización electoral que el incumplimiento de lo acordado en la Unasur sobre la completa auditoría de los votos no hizo más que resaltar.

Aun los primeros seis meses de gobierno de Maduro, tan activos como fueron en acciones y presencia internacional, no pudieron ocultar la debilidad del intento por recuperar el impulso de Chávez.

En 2014, fuertemente presionado el gobierno por las fragilidades del régimen y el crecimiento de la oposición y la protesta, el presidente no ha vuelto a viajar al punto que, en un momento en el que le convenía reunirse con los socios de la Unasur, debió desistir de trasladarse a Chile para acudir a la toma de posesión de Bachelet.

Lo que parecía una ofensiva diplomática inicial ––muy ofensiva nacionalmente, en un sentido lamentablemente familiar, como las invitaciones a presidentes de otros países a descalificar a la oposición– se fue disolviendo en una política externa defensiva y concentrada regionalmente.

Con los desgastados argumentos de golpe de Estado, supuestos planes de magnicidio y conspiraciones de enemigos internos y externos, se ha procurado encubrir la responsabilidad del gobierno en el deslave de la economía y, desde el 12 de febrero, en la práctica recurrente de la represión y su terrible saldo de muertes, detenciones y maltratos, así como de negación e impunidad.

El gobierno de Maduro no ha dudado en asomar conductas como el desconocimiento de deudas, lo que hizo abiertamente en el caso de Panamá, o ––en conexión más directa con La Habana– mostrar su disposición de complicar las negociaciones de paz con las FARC.

No está de más examinar lo que Maduro espera de la Unasur, como usufructo de lo que va quedando del legado internacional de Chávez. También hay que considerar el análisis que en cada uno de esos países se está haciendo sobre un régimen que da muestras de tanta sordera, ineficiencia crónica y disposición a mantenerse en el poder a toda costa.

Editorial de El Nacional