Unos 160 diputados jubilados del extinto Congreso de la República se encuentran en una situación de total precariedad económica debido a que su pensión de retiro es de apenas 2 millones 880 mil bolívares mensuales, lo que equivale a 5,3 dólares al mes.
El ex parlamentario Luis Manuel Esculpi, uno de los afectados, explicó que desde el año 2016, cuando el Tribunal Supremo de Justicia aplicó la medida de desacato a la Asamblea Nacional el Ejecutivo les igualó la remuneración al sueldo mínimo nacional.
“Desde el año 2016 la nómina de los parlamentarios jubilados es cancelada por el Banco Central de Venezuela, se trata de una irrisoria cantidad que no alcanza para comprar ni un kilo de queso mucho menos para adquirir las medicinas que a esta edad necesitamos”, afirmó el ex parlamentario.
Esculpi, relató que hasta el 30 de octubre del presente año cobraban 800 mil bolívares mensuales, pero gracias al “aumento” que acaban de aprobar, la pensión de retiro alcanzó la cantidad de un millón 200 mil bolívares mensuales.
“A esa cantidad debemos sumarle un bono de alimentación de un millón 200 mil bolívares y 480 mil correspondientes a un 40% más de aumento, es decir, que la cifra integral de la pensión de retiro es de 2 millones 880 mil bolívares mensuales, lo que equivale a 5, 3 dólares”, indicó.
El exparlamentario, informó que en esta situación se encuentran, con algunas excepciones, aquellos políticos que ejercieron cargos de diputados o senadores desde el año 1958 hasta la presente fecha.
Destacó que desde hace 4 años algunos de estos jubilados, entre ellos su persona, cobran la pensión de vejez que otorga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
“Ahora cobramos la pensión del Seguro Social por una decisión del Gobierno Nacional, pero esa cantidad tampoco nos alcanza para satisfacer nuestras necesidades”, precisó.
Esculpi acumuló tres períodos parlamentarios, lo que se traduce en 15 años de intensa vida política dentro del extinto Congreso de la República. Durante todo ese tiempo fue integrante de las Comisiones Permanentes de Política Interior y Defensa, ésta última la presidió por dos años.
En la actualidad es una referencia obligada de consulta cuando se quiere analizar algún aspecto del componente militar y tiene columnas de opinión en varios medios digitales. “Pero eso no me genera ninguna ganancia económica”, destacó.
Pequeñas excepciones
El exparlamenario Luis Manuel Esculpi indicó que es indudable que un pequeño grupo de diputados o senadores jubilados del Congreso de la República hoy tienen un nivel de vida bastante holgado, pero no es el caso de la mayoría.
“Casi todos tenemos que vivir de las ayudas que nos brindan nuestros hijos o de alguna asesoría que logramos ofrecer”, explicó.
Al pedirle algunos nombres, Esculpi dijo, por ejemplo, que el propio gobernante Nicolás Maduro así como su esposa, Cilia Flores y otros dirigentes del partido de gobierno, como Saúl Ortega, Elvis Amoroso y Desirée Santos Amaral, ostentan la condición de jubilados del Poder Legislativo Nacional.
“Se es jubilado del Poder Legislativo cuando se cumplen tres períodos de diputación, a ellos se les otorgó esa condición porque se les sumó el período que ejercieron como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999”, dijo.
Explicó que cuando se asume otro cargo remunerado dentro de la administración pública esa pensión de vejez queda automáticamente suspendida, por lo tanto todos los antes mencionados no la perciben.
Indicó que en la lista también se encuentran otros nombres como: Henry Ramos Allup, Gustavo Tarre Briceño, Juan José Caldera, Miguel Ángel Moyetones, Timoteo Zambrano, Leopoldo Pucci, Lilian Arvelo, Segundo Meléndez, Ramón José Medina, Nelson Chitty La Roche, Paulina Gamus, José Curiel, Omar Barboza, Luis Emilio Rondón y José Vicente Rangel, entre otros.
“Los que ejercen cargos de diputación en este momento, como Henry Ramos Allup, Luis Emilio Rondón, Omar Barboza y Timoteo Zambrano tampoco cobran la pensión, lo harán a partir de enero de 2021 cuando dejen de ser diputados en ejercicio”, explicó.
Hasta hace pocos años el Instituto de Previsión Social del Parlamentario tuvo capacidad económica para atender los problemas de salud que tienen los diputados y senadores jubilados, pero después de la aplicación del desacato esa oportunidad también desapareció, por lo tanto en la actualidad no tienen seguro de HCM.
Convertidos en sujetos de discordia
El 11 de enero de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia declaró “en desacato” a la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
La sentencia indicó que todos los actos de la institución, serán nulos mientras sigan juramentados los tres diputados opositores de Amazonas que se habían incorporados a la Cámara a pesar de que su elección fue cautelarmente suspendida por el máximo tribunal del país.
El fallo le arrebató al sector opositor la posibilidad de aprobar Leyes Orgánicas (perdieron la mayoría calificada de las dos terceras partes) y designar nuevas autoridades en los Poderes Públicos, entre otras facultades.
Asimismo, después de decretado el “desacato” las autoridades legítimas de la AN no tuvieron más acceso al manejo administrativo de la institución: los diputados no volvieron a tener acceso a la nómina de empleados y obreros y tampoco pudieron ejecutar recursos financieros ni presupuestarios.
Al momento de tomarse esta decisión la directiva de la Asamblea Nacional estaba integrada por los diputados Henry Ramos Allup (Presidente), Enrique Márquez (Primer Vicepresidente) y José Simón Calzadilla (Segundo Vicepresidente).
Los tres diputados indígenas que debían desincorporarse son Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana y aunque lo hicieron el mencionado “desacato” nunca fue anulado.
Los tres mencionados parlamentarios fueron convertidos en sujetos de discordia en medio de un choque de poderes que perjudicó irreversiblemente la vida política del país.
La sentencia referida al “desacato” fue emitida pocas horas después que varios diputados del PSUV acudieron al máximo tribunal del país con el objeto de denunciar que para la elección de los indígenas se había recurrido a la “compra de votos”.
Casi 5 años después el TSJ no ha dado respuesta a las impugnaciones realizadas para revertir esta injusta decisión, en consecuencia, durante el período legislativo que culminará el próximo 4 de enero de 2021, el estado Amazonas no tuvo representación real.
Referentes continentales
El 4 de diciembre de 2019, el Diario La República, de Colombia, publicó una información titulada “Este es el ranking de los sueldos de los congresistas en América Latina, Colombia es segunda”, en la cual se indica que cualquier congresista en el continente no gana menos de 4 mil dólares al mes.
En dicha información se asegura que la brecha salarial entre los parlamentarios y la ciudadanía en países como Chile, Colombia y Brasil es significativa.
“Este fue precisamente uno de los detonantes de la protesta social en Chile: que los congresistas y senadores recibieran montos de dinero tan elevados, una cifra que hoy asciende aproximadamente a 11.053 dólares al mes, que obligó al Gobierno a proponer y aprobar una reducción salarial de los parlamentarios”, refiere la publicación.
Agregan que el segundo país en el ranking de los congresistas que tienen los mayores sueldos es Colombia, donde el salario mensual de los miembros del Congreso asciende aproximadamente a 9.306 dólares al mes mientras que el salario mínimo se ubica en 235 dólares mensual.
No obstante, de acuerdo a una información publicada en el año 2016 en la página web del Observatorio Económico-Legislativo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE Libertad), tomada del Diario La Nación de Argentina, el país que más paga a sus congresistas es México: la cifra alcanza la cantidad de 17.750 dólares mensuales, lo que suma un total de 213 mil dólares al año.
En el cuadro presentado se aprecia que en los Estados Unidos de Norteamérica un legislador tiene un sueldo de 14.500 dólares al mes.
“Luego está Chile, en donde los senadores tienen un sueldo de 13.977 dólares mensuales, mientras que los diputados ganan 10.082 dólares mensuales. El salario incluye impuestos, salud y previsión”, indica la información.
En Brasil, país donde el sueldo de los legisladores oscila entre 10.617 dólares hasta 12 mil dólares mensuales. Esta cantidad no incluye otros gastos aunque la remuneración depende del lugar de residencia del parlamentario.
En aquel momento los parlamentarios latinoamericanos con menor sueldo al mes se ubicaban en Ecuador (5.009 $), Panamá (5.000 $) y Bolivia (2.600$).
Para la fecha, año 2016, calcularon que un parlamentario venezolano percibía un sueldo mensual de 60 dólares.
Yira Yoyotte
