El líder opositor Edmundo González reaccionó al reciente informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas (ONU), advirtiendo que la disminución de ciertas prácticas de persecución en el país no equivale a la disolución del aparato represivo estatal.
A través de un pronunciamiento en su cuenta oficial de X, González enfatizó que los derechos humanos «no son una concesión» e instó a analizar el documento del organismo internacional bajo la premisa de que las leyes e instituciones responsables de violaciones sistemáticas continúan intactas.
Muta la persecución: De detenciones prolongadas a vigilancia e intimidación
El pronunciamiento coincide con las conclusiones de la Misión de la ONU, la cual determinó que, si bien se registraron variaciones en los patrones represivos durante 2026, las estructuras estatales operativas no han sido desmanteladas.
Entre los puntos más relevantes abordados por el dirigente destacan:
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Nuevas modalidades de hostigamiento: Transición de encarcelamientos prolongados hacia arrestos breves, interrogatorios motivados por opiniones políticas o actividad en redes sociales, junto a mecanismos de vigilancia activa.
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Tortura y detenciones vigentes: La persistencia de denuncias documentadas sobre tratos crueles y la permanencia de cientos de personas privadas de libertad por motivos políticos.
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Actuación de grupos armados: El informe atribuye responsabilidad al Estado venezolano cuando las acciones de los denominados «colectivos» ocurren bajo la instrucción, dirección o control de organismos oficiales.
«No hay reconstrucción democrática posible sin verdad, memoria y justicia», aseveró González, quien respaldó la continuidad de la Misión de la ONU para documentar violaciones a los derechos humanos y fijar responsabilidades.
Los retos de la reconstrucción institucional
González concluyó que el restablecimiento de las garantías democráticas requerirá un proceso paulatino para reparar a las víctimas y juzgar responsabilidades, advirtiendo que la capacidad de adaptación de los mecanismos de persecución a nuevos contextos no debe interpretarse como una genuina apertura institucional.
