La especialista en derechos de la mujer expuso la importancia de la igualdad y su incidencia en el crecimiento veloz de la economía de los países, en la octava Conferencia Magistral sobre políticas públicas a nivel local, organizada por el IEPFT. Destacó los desafíos en Venezuela. Destacó que el embarazo adolescente en Venezuela aumentó en 97,7 por cada 1000 de entre 15 y 19 años de edad y la mortalidad materna alcanzó también niveles alarmantes.
A pesar de que las mujeres representan más de la mitad de la población venezolana, el tema de la equidad de género en políticas públicas, crucial en el desarrollo social, es poco conocido y marginado en la mayoría de las alcaldías del país. “Hay un total desconocimiento del tema en la gestión de los gobiernos locales. Cualquier proyecto, por norma, debe tener enfoque de género y por eso hay que poner el tema sobre la mesa y exigir a los gobiernos que cumplan los compromisos que han adquirido”.
Yolimar Arellano, especialista y representante del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, hizo la afirmación en la octava Conferencia Magistral Equidad de género y derechos de la mujer en la gestión local, como parte del ciclo sobre Políticas Públicas a nivel local, organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT) que preside el profesor Ramón Guillermo Aveledo.
“Es importante difundir, informar y promover la necesidad de que quienes están en puestos de decisión de gobierno busquen asesoramiento y puedan diseñar proyectos y programa, políticas con perspectiva de género”, dijo luego de expresar su satisfacción por iniciativas como la del Instituto, en poner en la agenda pública temas de interés nacional. La conferencia fue presentada y moderada por el profesor Carlos Mascareño, especialista en desarrollo local.
Al referirse al abordaje local, citó el caso de Mérida, capital del estado Mérida con 23 municipios, “donde tenemos una alcaldía en la que una unidad de atención a la mujer no existe”, a pesar de que la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia establece su creación en todos los municipios. “Solo ahora se le está dando discusión a una ordenanza para crear esa unidad”, dijo y destacó, en contraste, la localidad de Alberto Adriani, donde se creó el instituto municipal contra la violencia de género, y han solicitado talleres de capacitación para el empoderamiento de las mujeres.
Realidad venezolana
Arellano inició la conferencia destacando la importancia de la perspectiva de género y la necesidad de políticas públicas en esta área para transformar las relaciones de poder y lograr la igualdad formal y real entre mujeres y hombres. Una relación que padece de enormes brechas, dijo. Entre ellas mencionó que “las mujeres son las más pobres entre los pobres”, y que la pandemia las afectó más que a los hombres, en medio de la crisis.
Durante su exposición, resaltó la necesidad de formación, que ya se adelanta, de mujeres en puestos de posición y activistas políticas para crear conciencia sobre la equidad de género y la situación de las mujeres, niñas y adolescentes, en el país.
En el ámbito regional, destacó el tema de los derechos sexuales y reproductivos. “Es un problema grave y preocupante para quienes trabajamos en el tema”. Y citó cifras del Informe 2022 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Unfpa, en el que se destaca el embarazo precoz, un indicador de salud pública. El organismo ha advertido que mujeres y niñas de Venezuela necesitan apoyo urgente para la salud sexual y reproductiva.
“El embarazo adolescente en Venezuela aumentó en 97,7 por cada 1000 de entre 15 y 19 años de edad. En 2020 era de 95 por cada 1000”, informó. Señaló que el Estado, antes de la pandemia, comenzó a desarrollar un plan nacional de prevención del embarazo precoz, a través del ministerio de Educación, con la Unfpa, para capacitar a docentes y alumnos sobre prevención, educación, empoderamiento y VIH, pero se suspendió durante la pandemia.
“El programa ha continuado este año pero con foco en el estado Anzoátegui y se espera que se desarrolle en todo el país”. Recordó que la Constitución, en su artículo 76, establece la obligación del Estado de garantizar la asistencia y protección de la maternidad desde la concepción, durante el embarazo y el parto.
Recomendaciones
La especialista habló del Mainstreaming de Género, un proceso que mide la relación de mujeres y hombres, en todas las áreas y niveles, para que las necesidades y experiencias de las primeras como de los segundos, sean una dimensión integral de diseño que beneficie a ambos, y no se perpetúe la desigualdad.
Resaltó la necesidad de impulsar la vinculación de grupos locales en la construcción de políticas públicas, desde el diagnóstico que se obtenga hasta el proceso de la formulación.
Además de sensibilizar a las autoridades a través de mensajes claros y precisos sobre el tema, se deben desarrollar competencias y capacidades en procesos de negociación pública e incidencia política a integrantes de las organizaciones, indicó. Y también “incluir a los hombres en el debate, la formulación y la incidencia de políticas para garantizar que sean realmente sensibles al tema desde la perspectiva de género”.
Ello compromete al Estado, Naciones Unidas, a las agencias de cooperaci0on y sociedad civil, en la igualdad de género, lo que debe alcanzarse a través de lineamientos normativos, señaló.
“El Estado debe afectar los mecanismos que exponen a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad extrema, como la pobreza, expolo9tacion y violencia, entre otros, y asumir “una justa distribución” de recursos y oportunidades sociales entre mujeres y hombres”. Añadió la necesidad de fortalecer la participación de la mujer en todos los espacios y promover su aut0nomía y libertad para decidir su vida personal y social.
Desde las otras instancias junto con el Estado, se debe contrarrestar los mecanismos que generen desigualdad en sus distintos ámbitos de intervención. “Nosotros como sociedad civil, los proyectos y acciones deben tener esta perspectiva de género“. Otro lineamiento que mencionó es implementar políticas que atiendan la desigualdad de género y favorecer la participación de mujeres en espacios públicos e instituciones. Todo esto conforme a la Plataforma de Acción Mundial de Beijing de 1995, en la que Venezuela participó y suscribió.
Entre las estrategias de transversalización de género que existen, mencionó la creación de sistemas de indicadores de género. “Es muy importante la data porque muestra la realidad y cómo podríamos incidir a través de políticas y proyectos y programas para transformar esa realidad de discriminación, de desigualdad hacia la igualdad.
Políticas de igualdad en Venezuela y la región
Arellano mencionó políticas de igualdad que reúnen algunos de estos requisitos y se desarrollan en el país, como la creación de la Comisión Nacional de Justicia de Genero del Poder Judicial, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007. Además de la instancia judicial especial contra la violencia de género, establecida en el texto legal.
En este contexto, aludió la legislación que favorece la lactancia materna, con permisos de lactancia, así como el Plan Nacional de Parto Humanizado y la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna.
Al abordar el tema de equidad en la región, refirió experiencias y programas sobre género, prevención de violencia y derecho de las mujeres, con resultados positivos, en Buenos Aires (Argentina); Bogotá (Colombia),” ciudad pionera en América Latina, en el sistema de protección para cuidadoras”; y México.
Sobre este último país mencionó el reciente programa adelantado por el gobierno junto con ONU-Mujeres denominado Segunda Oportunidad. Está orientado a dar a mujeres acceso a educación, empleo, oportunidades de emprendimiento, mediante novedosa tecnología y desarrollo humano. Mientras, en otros países de la región se desarrolla el modelo de “Buenas prácticas”, referidas por la Cepal.
“El fin último de todas esas prácticas es favorecer la carrera laboral, el acceso a la capacitación de las mujeres, superar obstáculos a su formación, instalar criterios de equidad de género y de conciliación entre la familia y el trabajo.
Incorporar las mujeres al desarrollo
A pesar de los logros en políticas de igualdad en el país, la especialista dijo que “hay un grave retroceso en los derechos humanos en general” en lo relativo a la relación de mujeres y hombres, y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, el cual se agravó durante la pandemia, como se observó a nivel global.
“Venezuela debe corregir estos problemas para garantizar los derechos de las mujeres”, expresó-
Hizo referencia al trabajo de las organizaciones sociedad civil en la promoción y posicionamiento del tema de la perspectiva de género y la transversalización del enfoque en las políticas públicas, particularmente a los dos programas desarrollados por el Observatorio, junto con el Centro de Investigación Social de Formación y Estudios de la Mujer.
La inserción de la mujer en el proceso productivo entre 1996 y 1997, y en Trujillo, una red de mujeres emprendedoras en Trujillo, en alianza con Unicef y el BID, y programa de educación familiar y sexual para la segunda etapa de educación básica, en alianza con el Unfpa y una organización holandesa.
Y destacó como conclusión la importancia de la incorporación de la mujer en el proceso productivo, en pie de igualdad que destacó el Banco Mundial en 2004. “Hay mejores índices de gobernabilidad y democratización de la sociedad en su conjunto, se amplían los índices de desarrollo social y de productividad económica y menor número de casos de corrupción
NP
