Desde hace exactamente un mes, el nombre de Venezuela está asociado a la danza de los millones provenientes del petróleo y a la extracción de la pareja presidencial, vinculada a un régimen perverso y depredador de los recursos minerales, fiscales y humanos, que ha llevado al saqueo de su riqueza a niveles jamás conocidos por nación alguna en el continente americano.
En ese contexto, en nombre del socialismo del siglo XXI y de la lucha contra el imperialismo, se condenó a la censura criminal a los medios de comunicación y a la libertad de expresión; se aplicaron las torturas más crueles y salvajes aprendidas en las escuelas del horror del G-2 cubano, la Stasi de la otrora Alemania Oriental y la KGB de Putin; se pulverizó la relación de trabajo, al punto de convertir a la población formal de un país en un ejército de trabajadores precarios, conocido ahora como el precariado del siglo XXI; se expropió de manera ilegal a empresas privadas sin indemnización alguna, eliminando cientos de miles de empleos; y se promovió la diáspora de 10 millones de venezolanos, hipotecando así el futuro de todas las generaciones jóvenes del país.
La letanía pudiera continuar y no habría espacio para enumerar todo, al resumirse el holocausto vivido por el pueblo con la suspensión de la Constitución Nacional y las garantías respectivas, sustituidas por la voluntad tiránica de quien ejerciera el poder, bien fuera durante el mandato de Hugo Chávez o por el extraído Nicolás Maduro.
Por tanto, ¿qué tenemos como resultado hoy, a un mes de la intervención norteamericana? Primero, escuchar la voz del pueblo, que en muchos casos es reconocida como la voz de Dios, al identificarse en la mayoría de las encuestas (menos en las tarifadas de Oscar Schemel), que el 85% de la población siente un alivio al ver a Nicolás en una celda de Nueva York. En segundo lugar, se abre un período de relanzamiento económico del país que permita reconstruir su destruido aparato productivo.
Tercero, que esos cambios se harán con una cúpula usurpadora gobernante que fue cómplice de 27 años de agresiones y arbitrariedades contra la nación, cuyos devastadores efectos los han sufrido todos y cada uno de los venezolanos, tanto en la diáspora en diferentes países como en el territorio nacional.
Por esta razón, el tema petrolero es el escenario más inmediato, al ponerse como prioritario en la agenda de la intervención norteamericana, cuyas acciones nos determinan conocer por primera vez en carne propia las consecuencias del mayorazgo de una nación del norte sobre nuestra geografía.
¿Cómo terminará este experimento? La historia más inmediata lo juzgará, al ser la realidad que afrontamos hoy, conducidos por la gestión más criminal que hayamos conocido en toda nuestra historia republicana, próxima ya a cumplir doscientos años, al convertirnos en una nación vulnerable, débil, precaria, fragmentada e incapaz de resolver su propio destino. En pocas palabras, de haber reconocido Nicolás y su combo el legítimo triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio, hoy no estaríamos en la humillante condición de país paria devenido en un protectorado.
Por consiguiente, el tema petrolero es el laboratorio más inmediato al aprobarse, en tiempo récord, la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. “Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América”, anunció Trump en Truth Social. Así también indicó: “Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.
Entre tanto, como “presidenta encargada” de Venezuela, Delcy Rodríguez informó el martes 20 de enero, durante una visita a una base de comunas en Caracas, el ingreso de 300 millones de dólares al país “producto de la venta del petróleo”, días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por 500 millones de dólares.
Por otra parte, hemos visto hasta ahora un torneo que anuncia multimillonarias inversiones en la alicaída industria petrolera venezolana, como lo ha señalado el presidente Trump: “El plan es que gasten, lo que significa que nuestras gigantescas petroleras gastarán al menos 100.000 millones de dólares (el equivalente a 86.000 millones de euros) de su propio dinero, no del dinero del gobierno”.
Ahora bien, ¿quién va a extraer de las entrañas del suelo venezolano el viscoso mineral? ¿Trabajadores gringos como otrora? ¿Robots humanoides como los que fabrica Elon Musk? ¿O serán los de siempre, los nativos de la Costa Oriental del Lago, los de San Tomé y habitantes de las zonas circundantes a la Faja Petrolífera del Orinoco?
Entonces, si son los de acá, no pueden ser ignorados y maltratados como lo hizo el chavismo gobernante durante la mayor parte del siglo XXI, quienes desmantelaron la convención colectiva petrolera y la convirtieron en un catecismo ideológico comunista cubano, con prólogos plenos de odas a la revolución bolivariana, con cláusulas de trabajo voluntario, milicias obreras, mientras el trabajador y el jubilado petrolero sobreviven con bolsas de comida y salarios de hambre.
Ese contrato colectivo ideologizado no puede ser el que reglamente las relaciones de trabajo acordadas en el marco de la reforma de la LOH, aprobada por unanimidad. Por el contrario, en la misma LOH existe un artículo (anteriormente Nº 32 y ahora Nº 33) que permite abordar un justo convenio para los empobrecidos trabajadores petroleros venezolanos.
Y así como le metieron el diente al aprobar en 48 horas, por unanimidad y con el consentimiento de la administración norteamericana, en iguales términos de urgencia se debe reformar el artículo e incluir a las empresas privadas nacionales y transnacionales, complementado con la negociación de un convenio de trabajo transitorio que reconozca la nueva realidad asomada para la industria petrolera venezolana. Para recordarles al interinato y a la representación de empresas privadas nacionales y extranjeras, anexo en su integridad el artículo 33 de la vigente reforma de la LOH aprobada el pasado jueves 29 de enero.
“Artículo 33. Los trabajadores de las empresas petroleras estatales, con excepción de los integrantes de las Juntas Directivas de las empresas, gozarán de estabilidad en el trabajo y sólo podrán ser despedidos por las causales expresamente consagradas en la legislación laboral. Igualmente, el Estado garantizará el régimen actual de contratación colectiva y el goce de las reivindicaciones sociales, económicas, asistenciales, sindicales, de mejoramiento profesional y todas aquéllas establecidas en la contratación colectiva y en la legislación laboral, así como aquellos bonos o primas y demás percepciones y emolumentos que, como incentivo a la eficiencia, por uso y costumbre y por aplicación de normas de administración de personal, tradicionalmente vienen disfrutando los trabajadores conforme a la política seguida por las empresas en esa materia. Asimismo, el Estado garantizará el disfrute de los planes de jubilación y sus respectivas pensiones para los trabajadores jubilados antes de la promulgación. Estos planes de jubilación, así como también todos los otros planes de beneficio al trabajador instituidos por las empresas, incluidos los de fondos de ahorros de los trabajadores, se mantendrán en vigencia y sin perjuicio de la contratación colectiva. Las disposiciones contenidas en la ley que creó al Instituto Nacional de Cooperación Educativa continuarán aplicándose a las empresas creadas de conformidad con la ley que reservó al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Los fideicomisos constituidos en beneficio de los trabajadores se regirán por las modalidades de la contratación colectiva convenida.”
Asimismo, hay un hecho monumental que no puede ser olvidado y debe ser considerado en esta nueva realidad laboral que se avecina en la industria petrolera nacional (IPN), como lo es el reconocimiento a los 23.000 trabajadores petroleros despedidos de Pdvsa y contratistas durante el Paro Cívico Nacional de 2002-2003, cuando se cometió contra ellos un verdadero genocidio laboral, al ser expulsados de la IPN, confiscándoles todos sus beneficios socioeconómicos, para luego ser colocados en listas negras que les han negado el derecho al trabajo durante un cuarto de siglo. Esta apremiante urgencia debe ser abordada en el marco que establece la reforma de la LOH, en el aparte final de Disposiciones Transitorias, un espacio temporal de 180 días para adecuar esta LOH a las situaciones relevantes que surjan en la aplicación de la misma.
Para que haya paz laboral en esta nueva fase de desarrollo de la IPN se requiere la participación de todos: los trabajadores y sus sindicatos, los empleadores privados nacionales y transnacionales, el Estado venezolano, y las comunidades afectadas por la explotación petrolera.
De haber exclusiones, no podemos considerar que presenciamos una verdadera transición a la democracia, e igualmente no podemos pretender que el único interés al abordar la producción del petróleo sea solo el beneficio económico de los gobiernos y de las empresas participantes. Eso representaría una nueva decepción para el pueblo venezolano.
Froilán Barrios