Habitantes de Las Claritas, sector Villa Mendoza 2, en el municipio Sifontes, protestaron el pasado domingo en rechazo a presuntos abusos y extorsión por parte de funcionarios militares en la zona.
“El pueblo quiere paz, no quiere pago de vacunas a militares, pedimos protección ciudadana y libertad de trabajo”, dijo un afectado.
La población de la parroquia San Isidro publicó un comunicado en el que expresan su preocupación por la situación de inseguridad que, aseguran, afecta a la comunidad y a las zonas mineras cercanas.
En el documento denuncian presuntos casos de robo, hurto, extorsión, cobro de vacunas, amenazas y otros hechos que “comprometen la tranquilidad y el sustento de numerosas familias”.
También denunciaron presuntos abusos de autoridad y actuaciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad del Estado, argumentando que estas acciones han generado un clima de temor e incertidumbre entre los habitantes.
Asimismo solicitaron la presencia de la gobernadora del estado Bolívar para que conozca de primera mano las denuncias y las condiciones que vive la población.
Hicieron un llamado a comerciantes, vecinos y demás sectores a sumarse de manera organizada y pacífica a la protesta, expresando su rechazo a la extorsión, la inseguridad y los presuntos abusos de poder. Sostienen que la unidad de la comunidad será fundamental para lograr respuestas y garantizar condiciones que permitan trabajar y vivir en paz.
Por último reiteraron su exigencia de respeto a los derechos ciudadanos, mayor seguridad y el cese inmediato de los atropellos denunciados, insistiendo en que su principal objetivo es recuperar la tranquilidad y el bienestar de la parroquia San Isidro.
Este reclamo se da casi dos semanas después que iniciara el despliegue militar en Las Claritas y que -según informaron los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela- dio con la caída de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, fundador y líder de la organización criminal con alcance internacional ‘Tren de Aragua’.
Las Claritas, uno de los principales sectores de actividad minera del estado Bolívar, controlado por grupos irregulares armados, ha sido escenario en otras oportunidades de reclamos relacionados con la seguridad, el control territorial y las condiciones de trabajo en las áreas de extracción.
En este contexto, diversos sectores de la comunidad así como organizaciones no gubernamentales han solicitado una mayor presencia del Estado y mecanismos de diálogo que permitan atender las denuncias, garantizar el orden público y preservar la estabilidad económica de una región que depende en gran parte de la minería
.Por Jhoalys Siverio
