Un contingente de 12.580 policías sería ideal para proteger a los 3.144.918 habitantes de los 21 municipios mirandinos y minimizar los homicidios, atracos, arrebatones, robos y hurtos en la entidad.
El comisario general Elisio Guzmán, director del Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda, Iapem, informó que la relación, de acuerdo con ese estándar, es de cuatro oficiales por cada mil habitantes.
“La realidad es muy distinta, porque la región cuenta con 7.592 uniformados; de ellos 5.614 están adscritos a las alcaldías y 1.978 a Polimiranda, lo que está muy por debajo para garantizar seguridad”, indicó.
Tropiezos. El gobierno regional tiene el mismo presupuesto reconducido desde hace cuatro años, por lo que su cuerpo policial ha funcionado en ese tiempo con Bs 527.389.848 anuales, explicó el comisario.
Estos recursos no alcanzan para el mantenimiento de las patrullas y la compra de nuevas unidades, balas, equipos de comunicaciones y de orden público, ni para contratar el personal necesario, lo que afecta la operatividad y la capacidad de respuesta a la población.
“Otra limitante es la poca confianza del ciudadano en la policía, la Fiscalía y los tribunales, lo que reduce la posibilidad de la denuncia y la investigación para lograr la prevención en la calle y minimizar los delitos”, aseveró Guzmán.
Estadísticas de Polimiranda revelan que, de 804 detenciones practicadas de enero a septiembre de este año, 62% de los aprehendidos quedaron en libertad u obtuvieron medidas cautelares; mientras que el 38% restante está en la cárcel, o el caso pasó al Cicpc, o está a la espera de una decisión.
“El ciudadano nos acusa de generar una impunidad que otros propician”, planteó.
Legalidad. Nora Echávez, fiscal superior de Miranda, dijo a Últimas Noticias que los funcionarios del Ministerio Público son especialistas en investigación y pueden corroborar los señalamientos de los policías, lo que garantiza los derechos constitucionales de los aprehendidos.
Afirmó que “la gente recurre cada vez más al Ministerio Público, y sobre todo desde que la fiscal general Luisa Ortega Díaz creó la municipalización de la justicia. Las personas sienten que allí les darán respuesta a sus problemas, lo que muestra confianza en nuestra institución”, aseveró.
Fuente: UN
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