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Víctimas de ETA están insatisfechas por actuación del Gobierno español

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Víctimas de ETA están insatisfechas por actuación del Gobierno español

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo al término de su encuentro con Mariano Rajoy aseguró que este expresó el rechazo del gobierno al fallo de Estrasburgo, así como su sorpresa ante la unanimidad de la Justicia española al acatar ayer la sentencia.

 

Rajoy se reunió con la presidenta de la Asociación de Las víctimas de ETA mostraron hoy su «insatisfacción» tras la reunión mantenida con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, por la falta de compromiso del Ejecutivo al no garantizar el bloqueo de la excarcelación de terroristas tras la sentencia del lunes del Tribunal de Estrasburgo.

 

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, aseguró que tanto el anterior gobierno, a cargo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, como el de Rajoy «tendrían que haber hecho mucho más» para «impedir la salida de etarras» condenados a grandes penas por delitos de sangre, informó DPA.

 

Mientras Pedraza trasladó el «malestar» y el «dolor» de las víctimas, el jefe del Ejecutivo español le aseguró que trabajará para evitar una liberación «en bloque» de los presos beneficiados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sentó precedente al pedir la excarcelación de la etarra Inés del Río, ya en libertad.

 

Según narró la presidenta de la AVT al término del encuentro, Rajoy expresó el rechazo del gobierno al fallo de Estrasburgo, así como su sorpresa ante la unanimidad de la Justicia española al acatar ayer la sentencia.

 

Pedraza también informó al presidente de la convocatoria de una manifestación el próximo domingo contra la decisión judicial. Está previsto que el gobernante Partido Popular fije su posición sobre esta concentración en las próximas horas.

 

La Justicia española ha recibido hasta el momento 36 peticiones de excarcelación de miembros de ETA afectados por la sentencia de Estrasburgo, que consideró «irregular» la permanencia en prisión.

 

Así, anuló la jurisprudencia que desde 2006 impedía en España el recorte de penas al aplicar los beneficios penitenciarios al cómputo máximo legal, de 30 años entonces.

 

 

 

Fuente: Agencias

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