El año 2025 confirmó la consolidación y profundización de una crisis de justicia y derechos en Venezuela. De acuerdo con el informe anual de Acceso a la Justicia, titulado Justicia aplazada en Venezuela, el país transita por un escenario signado por crecientes restricciones a la sociedad civil, opacidad judicial, el uso de instrumentos legales que ha contribuido a limitar derechos y una persistente falta de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo. Este deterioro institucional —que es estructural y no coyuntural— se refleja tanto en los peores indicadores globales de Estado de derecho como en el avance de medidas que restringen el espacio cívico, vulneran las garantías electorales y debilitan las garantías frente a la impunidad.
Por décimo año consecutivo, Venezuela se posicionó en el último lugar de la clasificación global del Índice de Estado de derecho —edición 2025— del World Justice Project (WJP), ocupando el lugar 143 de 143 países evaluados. La puntuación en justicia penal descendió a 0,11 siendo 1 la puntuación máxima (frente al 0,19 en 2015), situando al país cinco veces por debajo del promedio mundial (0,55). La justicia civil también registró un deterioro cayendo a 0,26 (de 0,34), mientras que la dimensión de los derechos fundamentales —vida, igualdad, debido proceso, libertad de culto, derechos laborales— retrocedió a 0,28 (de 0,39), ubicándolo en el puesto 137 de 143 evaluados. Problemas como lentitud procesal, falta de independencia judicial, corrupción, escasa accesibilidad e imparcialidad explican estos resultados.
Obstáculos para las organizaciones de derechos humanos
El informe resaltó que el espacio cívico sufrió un impacto con la implementación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, conocida como Ley Antisociedad. Un estudio realizado por Acceso a la Justicia reveló que, entre otros aspectos, la exigencia de requisitos no previstos en la ley impidió que las organizaciones de derechos humanos lograran registrarse y que solo cerca del 20 % de las ONG de carácter humanitario o mixto pudiera hacerlo.
Opacidad e inconstitucionalidad en la Ley de Extinción de Dominio
Acceso a la Justicia analizó la sentencia emitida en el caso PDVSA Cripto bajo la Ley Orgánica de Extinción de Dominio —fallo no publicado en la web por el tribunal respectivo— y detectó aspectos preocupantes. Por un lado, mientras la Fiscalía estimó el daño patrimonial en 30.000 millones de dólares aproximadamente, los bienes recuperados suman 240 millones de dólares, lo que representa menos del 1 % del monto calculado. Asimismo, la organización alertó que la decisión, dictada por un juez provisorio, vulneró el principio constitucional de presunción de inocencia, imponiendo a los procesados demostrar que sus operaciones eran lícitas, desligando al Ministerio Público de esa responsabilidad.
Procesos electorales, reforma constitucional y emergencia económica
El informe también documentó que las elecciones municipales, regionales y de la Asamblea Nacional (AN) desarrolladas en 2025 presentaron irregularidades relevantes, entre ellas la ausencia de cronogramas oportunos, el adelanto de comicios antes del vencimiento de mandatos, el cierre intempestivo del registro electoral y amenazas a los candidatos.
A esto se sumó el anuncio de una reforma constitucional sobre la cual no se publicó información oficial, alimentando temores de que esta buscara desmantelar el ya debilitado Estado de derecho e instaurar definitivamente el Estado comunal.
Asimismo, se promulgaron tres decretos de emergencia económica que otorgaron al Ejecutivo amplias facultades para modificar el presupuesto, asumir endeudamiento sin la aprobación de la AN, centralizar en el Tesoro nacional la recaudación de tributos estadales y municipales e imponer exoneraciones, medidas que se configuraron como un nuevo avance en la concentración de poder.
Provisionalidad y falta de independencia judicial
En lo relativo a la gestión del sistema de justicia, el TSJ reportó la emisión de 6.292 sentencias con una tasa de resolución del 130,5 %. Sin embargo, Acceso a la Justicia advirtió que la falta de datos detallados dificulta evaluar su desempeño real y constató que muchas de estas decisiones eran de mero trámite y no cerraban expedientes.
De igual manera, la organización evidenció el afianzamiento de la vulnerabilidad de los jueces, dado que la Comisión Judicial nombró a 764 de ellos sin concursos de oposición públicos; la Sala Plena del TSJ creó unas normas de ingreso y ascenso de jueces no titulares, pero facultó a la Comisión Judicial para destituirlos de inmediato y sin motivación alguna; y aunque el V Concurso de la Carrera Defensoril buscó regularizar la titularidad de los defensores mediante un mecanismo basado en credenciales y conocimientos, limitó la participación al personal provisorio designado previamente a discreción, excluyendo a abogados externos.
El balance de la justicia internacional
En el plano de la justicia internacional, el informe destacó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cerró su oficina en Caracas ante la ausencia de avances concretos por parte del Estado en materia de complementariedad. Pese a ello, la investigación sobre los crímenes cometidos desde 2014 —situación Venezuela I— continuó su curso, con la incorporación de 164 formularios de representación de víctimas y el desarrollo de varias líneas de investigación.
Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela publicó dos informes en los que constató la actualización de patrones de graves violaciones de los derechos humanos tras las elecciones de julio de 2024 y determinó que hubo responsabilidades del alto mando y oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana en delitos perpetrados desde 2014. Por otro lado, denunció la anulación práctica del recurso de habeas corpus por parte de las autoridades judiciales y policiales, permitiendo detenciones arbitrarias bajo aislamiento e incomunicación.
Y a ti, venezolano, ¿Cómo te afecta?
El deterioro del Estado de derecho no es solo un debate técnico o jurídico ni una discusión abstracta; afecta directamente la vida cotidiana de la ciudadanía. Sin jueces independientes ni garantías procesales, no existe una instancia imparcial a la cual acudir cuando se vulneran los derechos fundamentales de una persona.
La falta de transparencia en las decisiones judiciales y el uso discrecional de las leyes vulneran la presunción de inocencia, dejando a cualquier venezolano expuesto a detenciones arbitrarias.
Al impedir el trabajo de las ONG, cientos de familias quedan desamparadas sin la asistencia médica, alimentaria, legal o de derechos humanos que estas organizaciones brindan.
En definitiva, que el país ocupe el último lugar global en el Índice de Estado de derecho de World Justice Project se traduce en que el ciudadano común queda desprotegido; defender la independencia judicial, la transparencia y el espacio cívico es la única vía para garantizar que nuestros derechos sean respetados.
