Venezuela busca convertir la devolución de activos expropiados en una señal para atraer inversión privada, después de años en los que empresas, terrenos e instalaciones pasaron a manos del Estado.
El intento ocurre en un momento de acercamiento entre Caracas y Washington que ha alimentado expectativas sobre una eventual mayor apertura económica y el regreso de capital privado al país tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
Pero antes de que las restituciones puedan convertirse en una política económica de mayor alcance, Venezuela enfrenta la tarea, menos visible, de determinar qué activos pueden ser devueltos, quiénes son sus propietarios y cuál es su estado después de años bajo control estatal.
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La Comisión para la Evaluación de Activos Públicos, presidida por Luigi Pisella, ha planteado acelerar la devolución de algunos activos expropiados como una forma de generar confianza entre inversionistas y mostrar “victorias tempranas” que permitan atraer capital privado.
En julio, Pisella dijo que había que acelerar la devolución de algunos activos para demostrar que la recuperación económica es sostenible y atraer a más inversionistas.
La idea no es completamente nueva. Durante los últimos años ya se produjeron algunas restituciones selectivas de bienes expropiados durante el chavismo. Uno de los casos más visibles fue el Centro Comercial Sambil La Candelaria, un activo inmobiliario tomado por el Estado en 2008, durante el gobierno de Hugo Chávez, y devuelto a sus propietarios en 2022, después de 14 años. El centro reabrió ese mismo año tras ser remodelado.
La diferencia ahora es que las devoluciones forman parte de una revisión más amplia de los activos públicos y aparecen vinculadas de manera explícita a la intención de atraer inversión privada.
Una cuenta incompleta
Cedice Libertad lleva años documentando las afectaciones a los derechos de propiedad en Venezuela y estudiando experiencias internacionales de restitución.
La organización ha analizado, entre otros, los procesos de República Checa, Polonia, Hungría y Chile, y también ha trabajado con expertos colombianos para estudiar mecanismos de restitución. Ese trabajo le ha permitido tener una de las bases históricas más amplias sobre el fenómeno en Venezuela.
Cedice cuenta con 1.757 registros de afectaciones al derecho de propiedad, de los cuales 654 están clasificados como expropiaciones o adquisiciones forzosas y más de 1.100 corresponden a otras modalidades, explicó Ana María Carrasquero, coordinadora de la organización, en conversación con Bloomberg Línea.
“Hoy no puede afirmarse responsablemente que existe un inventario completo de todos los activos restituibles en Venezuela”.
Cedice ha desarrollado además un Anteproyecto de Ley de Devolución y un instrumento para reconstruir la cadena de titularidad de los bienes afectados.