Venezuela ocupa la posición más baja del ranking de capacidad para combatir la corrupción. Así lo develó la empresa de consultoría especializada en riesgos globales Americas Society/Council of the Américas (AS/COA) y Control Risks en el índice que evalúa la capacidad de los países de Latinoamérica para descubrir, castigar y detener la corrupción.
De acuerdo al ranking de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), dado a conocer este lunes 14 de junio en Londres, América Latina experimentó una nueva ola de retrasos el pasado año a consecuencia de la pandemia global de coronavirus, según se desprende del llamado índice CCC 2021, presentado en Londres este lunes.
A través de un comunicado, el vicepresidente de política de la AS/COA, Brian Winger, destacó que ese ránking revela que «los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca».
«América Latina ha estado entre las regiones más afectadas por la pandemia», dijo. Al mismo tiempo, recalcó que con los gobiernos bajo una creciente presión financiera y los sistemas de salud en muchos países gravemente afectados, los efectos «perniciosos» de la corrupción en la sociedad crecen.
La clasificación cubre 15 países de América Latina -que representan casi 95% del PIB de la región- y los evalúa y clasifica según la eficacia con la que pueden luchar contra la corrupción, con lo que aquellos con mayor puntuación se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.
Entre los hallazgos más destacados este año figuran que Uruguay es el país con la puntuación más alta (7.80/10), seguido de Chile (6.51), Costa Rica (6.45), Perú (5.66), Argentina (5.16), Brasil (5.07), Colombia (4 .81), Ecuador (-4 77), Panamá (4.55), la República Dominicana (4.38), México (4.25), Paraguay (4.08), Guatemala (3.84), Bolivia (2.43) y Venezuela (1.40).
Los resultados del estudio evidencian que cinco de los 15 países evaluados registraron disminuciones importantes en sus puntuaciones; siete se quedaron sin cambios y tres aumentaron significativamente. Mientras que las dos naciones más grandes de América Latina, Brasil y México, sufrieron algunas de las caídas más bruscas.
El índice CCC apuntó que Guatemala -que bajó del 11 al 13- cayó 5% este año y 16% desde 2019 mientras que Venezuela sigue en la posición más baja.
Por contra, la República Dominica fue uno de los que más mejoró -del 13 al 10- al darse avances significativos en la categoría de capacidad legal, «reflejo de un impulso anticorrupción del presidente Luis Abinader», según explica el documento.
Uruguay, Chile y Costa Rica reflejaron estabilidad en esta edición por la calidad de la democracia y la fortaleza de sus instituciones políticas, al igual que en Perú, pese a la turbulencia política de finales de 2020 en este último país.
Por su parte, el informe destaca que Panamá y Ecuador experimentaron mejoras considerables en su capacidad legal mientras que los aumentos percibidos de politización de las instituciones anticorrupción redujeron las puntuaciones de Argentina y Colombia.
En la mencionada nota, Geert Albers, socio en Control Risks, considera que el ránking revela «esfuerzos anticorrupción desiguales y crecientemente politizados en muchos países de América Latina», con lo que se pone de manifiesto «la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgo y recalibren y refuercen sus programas de cumplimiento».
Para elaborar el índice, se analizaron 14 variables claves, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.
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