Esta ley tendrá como propósito “profundizar los mecanismos y medidas de presión contra la dictadura de Nicolás Maduro, al tiempo que confirma el respaldo norteamericano al gobierno interino del Presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y adiciona $400 millones de dólares a los mecanismos de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano”, explicó Vecchio.

El embajador resaltó que durante su gestión ha trabajado con todas las solicitudes de EEUU para lograr el plan trazado a inicio de año por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el cese de la usurpación, y conseguir una solución a la crisis humanitaria de Venezuela.

“Una de esas empresas ha sido junto al Congreso de los Estados Unidos, y con el liderazgo conjunto de los de senadores Bob Menéndez (demócrata) y Marco Rubio (Republicano), a quienes agradecemos profundamente todo su esfuerzo bipartidista por la causa humanitaria y de libertad del pueblo venezolano”.

Vecchio destacó que la ley (Verdad), fortifica la respuesta de EEUU a la creciente crisis humanitaria de Venezuela y su impacto a los países vecinos otorgando $400,000,000 para los migrantes venezolanos y los países quienes los han acogido; reafirma el apoyo de EEUU al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional electa democráticamente; restringe la entrada a EEUU a los familiares de funcionarios y colaboradores del régimen de Nicolás Maduro sancionados por la administración del Presidente Donald Trump; avanza el esfuerzo coordinado internacional para una Venezuela post-Maduro y solicita un informe para garantizar la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.

El diplomático venezolano enfatiza que la Ley Verdad institucionaliza mecanismos de presión contra la dictadura de Maduro y sus colaboradores, como Rusia y Cuba; al tiempo que incluye lenguaje para extender el vencimiento de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela del 2014 (Ley Pública 113–278; 50 USC 1701) hasta el 31 de diciembre del 2023, la cual impone sanciones a ciertas personas en Venezuela que fueron responsables de violaciones a los derechos humanos de los manifestantes en las protestas del 2014 en Venezuela.