A principios de este mes, más de 1,4 millones de residentes de Illinois (EEUU) comenzaron a recibir cheques por hasta US$397, como compensación por una demanda colectiva de US$650 millones resuelta contra Facebook.
Según los demandantes, la plataforma de redes sociales usó ilegalmente datos de reconocimiento facial, recopilados sin consentimiento, para incitar a los usuarios a etiquetar a sus amigos en las fotos.
Los expertos dicen que eso es solo el comienzo: es probable que haya más cheques de demandas de privacidad en el horizonte. Google Photos y Shutterfly incurrieron en demandas colectivas similares en Illinois y entraron en etapas de aprobación de acuerdos multimillonarios durante el último año.
La ley de Illinois es una de las más estrictas de Estados Unidos. También existen leyes similares en Texas y Washington, y entrarán en vigencia el próximo año en California, Colorado y Virginia.
La difusión de dicha legislación puede ser oportuna: según el abogado Paul Geller de Robbins Geller Rudman and Dowd LLP, una de las tres firmas que resolvió el caso contra Facebook, los controles no son tan reveladores como las propias violaciones de privacidad de datos.
“La tecnología es genial, pero con cosas como el reconocimiento facial, tiene un lado oscuro”, dijo. “La gente no se da cuenta de que estamos siendo vigilados más de lo que sabemos”.
Ser etiquetado automáticamente en las fotos puede no parecer un gran problema, pero una vez etiquetado, su rostro puede estar disponible para las empresas fuera de los muros de su plataforma de fotos.
“Mientras caminamos por la calle, todos pueden ver nuestra cara, pero solo algunas personas pueden relacionar nuestra cara con nuestro nombre”, dice Matthew Kugler, profesor de derecho de privacidad en la Universidad Northwestern.
La capacidad tecnológica para vincular instantáneamente el rostro de alguien con su información personal, dice Kugler, podría facilitar que las personas acosen a su barista local de Starbucks o pongan en peligro la vida y la seguridad de las víctimas de violencia doméstica, las trabajadoras sexuales o las personas en los programas de protección de testigos.
Fuente: ComputerHoy
