Como tantas cosas en este país, la educación pública está en emergencia. Desde hace diez años, el Ministerio de Educación no publica su memoria y cuenta, que era un libraco del tamaño de la guía telefónica, base para investigadores y, aún más crucial, para definir políticas o corregirlas con el objetivo de reforzar la escolarización y mejorar su calidad.
Lo que sí ha hecho recientemente el Ministerio de Educación es un informe sobre la calidad educativa, a partir de tres consultas nacionales que comenzaron a finales del año 2023 y prosiguieron en los primeros meses de este año. Los resultados muestran niveles de aprendizaje en alumnos de tercer y sexto grado muy deficientes en tres áreas: lectura/escritura, matemáticas y ciencias naturales.
Es, pobre consuelo, un mal latinoamericano pero, en nuestro caso, los índices de aprendizaje de esos niños son inferiores aún a los bajos o muy bajos de la región. Estudios de organizaciones de la sociedad civil confirman que las cifras contenidas en el informe oficial son, por una vez al menos, reales. Muy reales y muy dramáticas.
El resultado es la confluencia de un conjunto de factores: baja escolarización junto con inasistencia escolar, déficit alarmante de maestros, reducción del horario de clases, mísera remuneración del personal docente —insuficiente, en muchos casos, para tomar un autobús hasta su lugar de trabajo, mucho menos para mejorar su formación—, politización en la selección de los maestros, falta de acompañamiento tanto a los estudiantes como a los propios docentes. En fin, emergencia es una palabra tibia para definir la situación de la educación pública.
Por eso estudiosos e investigadores del ámbito educativo hablan de una generación perdida. Una cohorte de 12 años, los que se toman para hacerse bachiller, que vienen arrastrando desde hace 4, 5 o 6 años un deterioro progresivo de las condiciones de la enseñanza, en ambientes materiales (se va la luz, no llega el agua, se carece de Internet en muchas zonas o es un servicio deficiente) que poco contribuyen al hecho educativo.
Del informe del Ministerio de Educación, al menos hay una cierta preocupación por un asunto vital para la vida social, los alumnos de sexto grado evidencian en sus evaluaciones el peso de ese período de escolarización de escasa calidad. Es un presagio de las dificultades que tendrán para completar el bachillerato, si lo completan.
La propuesta de expertos es muy simple: volver a clases, todos los días, y que en esas clases haya maestros con las credenciales pedagógicas adecuadas. Y que esos maestros puedan en verdad dedicarse a su labor porque disponen de salarios adecuados para sostenerse ellos y su grupo familiar. Tiene que haber recursos para cumplir con lo mínimo, para garantizar un futuro a generaciones de niños y niñas venezolanas.
Urge una intervención que reúna a familias, docentes, sociedad civil y al propio Estado para rescatar y enderezar la educación pública venezolana y formar a ciudadanos competentes, comprometidos, solidarios y en capacidad de progresar a lo largo de su vida.
Editorial de El Nacional
