La creadora de contenido cubana Anna Sofía Benítez conocida en redes sociales como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, fueron declaradas culpables este jueves por un Tribunal de La Habana y podrían enfrentar una pena de dos años de limitación de libertad, algo que la activista consideró «una injusticia».
«El tribunal concluyó que mi mamá y yo éramos culpables del delito y nos sentenciaron a dos años de limitación de libertad a cada una y realmente esto es una injusticia», declaró a la prensa Bensi al concluir la vista oral en una corte del municipio de La Habana del Este.
A Bensi y a su madre las enjuiciaron esta jornada por una acusación en contra de ambas tras haber grabado y difundido el video de un agente de policía que llegó a su vivienda para entregar una citación en marzo pasado.
El abogado de ambas, Roberto Ortega, dijo a EFE que «el Tribunal cubano emitirá el fallo por escrito en unos 15 días aproximadamente» y señaló que existe una diferencia entre «la privación de libertad y la limitación de libertad».
Esta última permite «una vida normal, pero con las disposiciones y regulaciones que establece la ley como la prohibición de salida del país», explicó.
Ortega indicó que la sentencia puede apelarse, aunque la decisión de hacerlo «solo depende de Bensi y su madre».
La respuesta oficial
En una publicación replicada en redes y difundida por los medios estatales, el Ministerio del Interior cubano advirtió en un largo mensaje -sin aludir explícitamente al proceso – que «un caso judicial no se decide en redes sociales» y enfatizó que «grabar no es delito, difundir sin consentimiento puede serlo».
«No se juzga el acto de grabar, sino la difusión no consentida de la imagen. Por eso, decir que ‘a alguien se le juzga por grabar a un funcionario’ es una simplificación que oculta el verdadero objeto del proceso», alerta la nota.
El mensaje pide no «convertir cada caso en un show» y resalta que «la libertad de expresión es un derecho fundamental. Pero no ampara la exposición de la intimidad ajena».
Apoyo en redes
En las redes, activistas, influencers y usuarios cubanos de dentro y fuera de la isla se han solidarizado con Anna Bensi, rechazando una «censura a la libre expresión» que muchos han vivido en carne propia.
Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han denunciado un «operativo represivo del régimen cubano para impedir que periodistas independientes, activistas y representantes religiosos asistan al juicio».
Igualmente, los congresistas cubanoestadounidenses María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez denunciaron cómo el Gobierno de La Habana «continúa intimidando y silenciando a quienes se atreven a levantar sus voces».
Antes de ingresar al Tribunal Municipal de La Habana, Bensi aseveró que no esperaba “un juicio justo” para ella y su madre, al considerar que la isla está “gobernada por un estado de injusticia”.
“No va a ser justo el juicio, pero yo tengo un Dios justo”, señaló.
Bensi además recalcó que la solución para la isla es que “Cuba sea libre” y se realicen “elecciones libres”.
Los hechos por los que la condenaron
La causa por la que se le acusa a Bensi se trata de una querella presentada por un suboficial del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba quien sostiene que en una publicación hecha por la activista se vulneró su intimidad.
El incidente ocurrió el 10 de marzo pasado en el edificio donde reside, en el municipio habanero de Alamar, a las afueras de la capital cubana, cuando el oficial se presentó para dejar una convocatoria dirigida a Silvente.
Dos semanas después del incidente, Bensi acudió a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria cubana para declarar sobre el hecho y entonces la imputaron como coautora del mismo por supuestos actos contra «la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, la identidad de otra persona y sus datos».
El Código Penal cubano, en su Artículo 393, señala que quien incurre en este delito posee una agravante digital si ocurre “la reproducción, divulgación o transmisión de este contenido se realiza a través de redes sociales o medios de comunicación social, tanto en el espacio físico como digital” y el acusado podría enfrentar una pena de hasta cinco años de privación de libertad. EFE
