La historia era escalofriante: una joven venezolana, atraída por una promesa de un futuro mejor en la Argentina, trabajo incluido, llegó hasta la pequeña localidad de General Pirán, a la casa de un profesor de handball y empleado municipal del partido de Mar Chiquita.
Ese hombre había conseguido activar la logística necesaria para que la chica, de 21 años de edad, atravesara ilegalmente cinco fronteras, en una odisea que, lejos de conducirla a una tierra de libertad, la depositó en una vivienda en la que estuvo encerrada durante una semana, en la que fue sometida sexualmente cada día, hasta que logró pedir ayuda y fue liberada. Con el sospechoso detenido, el caso se hizo público. Y una mujer que vio el relato en un portal de noticias le avisó a una amiga: “¡Mirá, es lo mismo que te pasó a vos!”. Ese hecho ocurrió hace casi tres años, pero recobró actualidad a la luz de aquel episodio, develado hace solo un par de meses.
Ya son dos las denuncias contra el mismo sujeto, pero una fiscal marplatense cree que puede haber muchos más casos siempre con un mecanismo delictivo que parece calcado: ayudar a jóvenes venezolanas a ingresar al país con la falsa promesa de asegurarles trabajo y, una vez aquí, mantenerlas cautivas y abusar de ellas. Es sugestivo: el escenario de estos aberrantes hechos es un pueblo que tiene, entre sus hitos, una réplica de la Estatua de la Libertad.
Al acusado, ahora detenido, se llegó por el aviso de una de las víctimas, que incluso en condiciones de esclavitud logró activar el teléfono celular que conservaba para pedir ayuda a la Policía Federal.
Una compatriota suya reconoció luego que el mismo hombre había hecho lo mismo con ella, en 2018.
El gancho era siempre el mismo: encontrar a mujeres de su interés en los grupos de Facebook en los que venezolanos intentar ayudarse entre sí para conseguir escapar de la dolorosa crisis social y económica de su país, y convencerlas de que podría ayudarlas a llegar a la Argentina y darles aquí un trabajo. Se hacía cargo de pagar su traslado a una red de trata y eso les generaba “una deuda” con este hombre, que entonces las mantenía encerradas -en un lugar totalmente desconocido para ellas- y las hacía suyas.
La Justicia federal mantiene en reserva la identidad de quien este jueves se negó a declarar en una ampliación de indagatoria por los hechos que se le imputan. Solo trascendió que tiene 53 años de edad y domicilio en General Pirán, donde sometió al menos a estas dos mujeres. Hasta su captura se desempeñaba como profesor de handball, al servicio del municipio de Mar Chiquita y al frente de un alumnado compuesto por menores de edad.
Para traer a ambas mujeres se valió primero de un acercamiento vía redes sociales. Y luego, de contactos para que lleguen desde Venezuela tras sortear fronteras de varios países hasta llegar a Argentina. La fiscal Laura Mazzaferri, que interviene en la causa, logró determinar que en este segundo caso –que fue el que abrió la investigación- el abusador desembolsó 800 dólares para activar el traslado de su víctima. Y que pagó otros 7.300 pesos para que llegue desde Jujuy, donde a mediados de marzo último había quedado varada luego de un primer tramo de viaje de terror: transitó por tierra y hasta en embarcaciones precarias; de hecho, entró a Ecuador en una balsa en la que perdió el equipaje con su ropa.
La promesa de trabajo no cristalizó
El profesor de handball recibió a la joven venezolana en su casa y le hizo saber que aquel dinero que había facilitado para que llegara desde el norte era una deuda que debía saldar. La promesa de trabajo que le había hecho nunca se cristalizó. Por el contrario, lo único que la chica encontró fue esclavitud y sometimiento sexual reiterado.
“La mantenía dentro de la casa, con puertas y ventanas cerradas, y le permitía solo algunos contactos con su familia, a través suyo. Mientras tanto, abusaba de ella a diario”, confiaron fuentes judiciales, sobre la base del relato de la joven.
El salvoconducto de esta víctima fue su teléfono celular. Pudo rescatarlo en medio de percances en la travesía para cruzar el continente, periplo en el que perdió casi la totalidad del equipaje con el que había salido de Venezuela. En la casa donde permanecía cautiva encontró un cargador y así pudo darle a la batería del aparato la energía suficiente como para encenderlo y llamar a la policía para pedir ayuda.
Ni siquiera sabía dónde estaba. Pero los investigadores la orientaron para que mediante la aplicación Google Maps pudiera darles su localización. Así llegaron a rescatarla, con allanamientos ordenados por Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N°3 de esta ciudad.
Al dictar el procesamiento y prisión preventiva, el magistrado concluyó que el acusado “aprovechando la situación en la que él mismo colocó a la víctima, abusó sexualmente de ella en reiteradas oportunidades y sin método de profilaxis”. Y detalló: “Las amenazas por la ‘deuda’ que había contraído, sumado a la situación de aislamiento, encierro y explotación generada a la víctima, facilitó al imputado la comisión del delito en cuestión”.
Historia en espejo
Cuando pudo hacer trascender su mala experiencia entre familiares y amigos apareció otra mujer, también venezolana, que se contactó para confirmar que había vivido una experiencia similar. Su caso ocurrió a fines de 2018. El mismo individuo la había conocido por redes sociales y le habilitó esta posibilidad de llegar a la Argentina con la oferta de un trabajo asegurado.
Casi un mes duró su drama, a la espera de ese trabajo que él prometía, pero no aparecía, mientras, retenida como una esclava, era sometida a un abuso sexual cotidiano. Esta joven logró aprovechar un descuido de su captor para escapar y pedir ayuda. Decidió no hacer la denuncia y priorizó alejarse, en su caso, hacia la ciudad de Buenos Aires. Ahora sí acudió a la Justicia.
El acusado está procesado por trata de personas bajo la modalidad de captación, transporte y recibimiento agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad y por haberse logrado consumar la explotación, en concurso real con abuso sexual agravado por mediar acceso carnal. En su primera declaración indagatoria negó los hechos que se le imputaban y afirmó que solo intentaba ayudar a la joven a conseguir trabajo. Ante la segunda imputación, optó por el silencio.
Ambas víctimas también descartaron cualquier tipo de vínculo sentimental con su captor, como él intentó insinuar que había sucedido. Insistieron con que solo se relacionaron con él por la propuesta laboral, y que aquí se encontraron con el encierro y el sometimiento.
Desde la Justicia advierten que esa condición no se limita solo a mantenerlas cautivas en un lugar, sino también a “la imposibilidad de realizar otra conducta diferente a la propuesta por sus explotadores”.
Desde la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata se difundió un pedido para alentar a otras posibles víctimas de este mismo abusador a que se presenten ante la Justicia. O que lo hagan quienes puedan aportar datos sobre los hechos ya conocidos u otros similares. Deben llamar al teléfono (0223) 451-1546 (internos 211, 212 y 214) o escribir al mail fisfed1-mdp@mpf.gov.ar.
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