La cuñada del presidente de Perú, Yenifer Paredes, en la Comisión de Fiscalización del Congreso, Lima, en 2022.
La prisión preventiva se ha vuelto moneda corriente en la política peruana en la última década. Este domingo por la noche, un juez ha dispuesto 30 meses de esa restricción para Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo y hermana menor de la primera dama. El Ministerio Público la investiga por ser la supuesta gestora de intereses de un grupo que aprovechó sus vínculos con el jefe de Estado y ministros para adjudicar a dedo contratos de obras públicas a empresas de fachada. La medida, señaló el juez, es para contrarrestar el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia en el caso de la joven de 26 años que vivió intermitentemente en Palacio de Gobierno desde julio de 2021, cuando el maestro rural asumió la presidencia.
El juez de investigación preparatoria Johnny Gómez Balboa dictó la prisión preventiva para Paredes y un amigo de Castillo -el alcalde de un distrito de la región Cajamarca, José Medina- luego de varios días de sesiones de más de ocho horas diarias, en las que el fiscal Jorge García presentó evidencias sobre cómo se coludieron parientes del jefe de Estado, alcaldes, ministros y personas cercanas al entorno presidencial, para usar los recursos públicos a su favor entre agosto de 2021 y junio de este año.
Castillo es investigado por seis casos de corrupción en funciones, y en julio el Ministerio Público formó un equipo dedicado a las pesquisas del círculo más cercano al jefe de Estado. La hipótesis de los fiscales es que el presidente encabeza una organización que se introdujo en el aparato del Estado para beneficiarse con contratos amañados de obras públicas, o con el cobro de sobornos de ascensos de militares y policías. El mandatario peruano ha enfrentado desde el inicio del Gobierno dos mociones del Congreso para destituirlo, y debido a las investigaciones fiscales la oposición nuevamente pretende sacarlo del cargo o suspenderlo.
La cuñada del mandatario es investigada por presunto lavado de activos (blanqueo de capitales) y por ser parte de la organización criminal que organizó “licitaciones públicas fraudulentas”, sostuvo el juez Gómez al inicio de la audiencia de cuatro horas. Para el magistrado hay sospecha fundada de que Paredes se valía de sus “nexos con las altas esferas de poder, el vínculo con la primera dama y el presidente” para captar alcaldes- a quienes les aseguraba la viabilidad y celeridad de obras públicas, siempre y cuando encargaran las consultorías de los expedientes técnicos a dos empresas de fachada de los hermanos Hugo y Anggi Espino, prestanombres del alcalde Medina.
Paredes estaba en prisión preliminar desde el 10 de agosto, se entregó un día después de que el fiscal Hans Aguirre y un policía de inteligencia fueron a Palacio de Gobierno a buscarla con una orden de detención. La orden no se pudo ejecutar porque el presidente les impidió el acceso hasta que no llegaran sus abogados. Luego de una hora y 15 minutos, la hermana menor de la primera dama ya no estaba en el lugar.
En la lectura de la resolución de prisión preventiva, el juez indicó que Paredes hizo 28 depósitos de dinero en efectivo entre octubre del año pasado y junio, por 91.970 soles (24.000 dólares) en una agencia bancaria cercana a Palacio de Gobierno, “sin poder identificar una actividad que le genere tales fondos”. En una comparecencia en el Congreso en julio, la cuñada de Castillo comentó que tenía trabajos eventuales y ganaba aproximadamente 540 dólares mensuales. La Fiscalía ha pedido impedimento de salida del país por 36 meses para la primera dama y sus hermanos David y Walter, debido a que ella autorizaba el ingreso de Hugo Espino a Palacio de Gobierno y porque los cuñados del presidente también realizaron depósitos en las cuentas de los supuestos testaferros Espino. La audiencia sobre la medida de restricción será el 5 de septiembre.
Pese a las investigaciones, una encuesta difundida este domingo registra un aumento de cinco puntos en la aprobación de Castillo respecto de inicios de mes. Un 29% de peruanos está satisfecho con su desempeño, mientras que un 8% aprueba el Congreso, según indica el sondeo del Instituto de Estudios Peruanos.
