Silencio. Esa es la respuesta que hasta el momento ha dado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la demanda que la Mesa de la Unidad Democrática interpuso en noviembre pasado contra la decisión que semanas antes adoptó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de mudar, fuera de lapso legal, a 108 electores que votaron en los comicios regionales del 16 de diciembre de sus centros de votación de origen hacia otros en otros estados del país.
Julio Borges, Luis Aquiles Moreno y Omar Barboza, en representación de los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, interpusieron un recurso contencioso ante la Sala Electoral, por considerar que los cambios hechos a Registro Electoral violaban la Ley Orgánica de Procesos Electorales y su Reglamento General, el culos prohiben cualquier modificación al padrón una vez cerrado éste.
Sin embargo, transcurridos más de nueve meses el máximo juzgado no ha dado respuesta a la demanda y ello permitió que el CNE este domingo volviera a incurrir en las llamadas migraciones, al trasladar a abanderados oficialistas a las Alcaldías de Maracaibo, Petare, Los Teques y Vargas, Miguel Pérez Pirela, Antonio «El Potro» Álvarez, Francisco Garcés y Carlos Alcalá Cordones, respectivamente; hacia las localidades que pretenden gobernar.
Pese a que en la cuenta de la Sala Electoral correspondiente al 21 de noviembre es la última donde figura algo relacionado con la demanda de la oposición, fuentes del TSJ aseguraron que a finales del año pasado esa instancia tenía listo un pronunciamiento.
«En la Sala circuló un proyecto de sentencia en el cual se declaraban ilegales los cambios de centro de votación hechos por el CNE para las elecciones regionales y se daban por buenos los argumentos de la oposición, de que los mismos violaban la Ley», afirmó un informante, quien agregó: «El proyecto contaba con el respaldo de la mayoría de los magistrados, pero no fue publicado porque la anterior presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, pidió aplazarlo».
Ese mismo confidente aseveró que en el borrador se le jalaba las orejas a los rectores por las migraciones, por considerar que las mismas «daban argumentos a quienes los acusaban de parcializados», aunque también se dejaba en claro que no ponían entredicho los resultados de los comicios, pues el universo era pequeño.
El secretario adjunto de la Mesa de la Unidad, Ramón José Medina, denunció que «la omisión del TSJ ha provocado que el CNE se sienta facultado para seguir incurriendo en el delito de migraciones irregulares de forma extemporánea y presentada de manera opaca por ciertos candidatos, a diferencia del ciudadano común, quienes no fueron informados de la posibilidad de instar movimientos en el Registro Electoral mediante la actualización de la residencia, solicitar un cambio de centro, etc».
Fuente: EU
