Hace algunas semanas, grabé un programa acerca de la corrupción para el canal de YouTube dirigido por el periodista Luis Olavarrieta. Compartí el espacio con el historiador Tomás Straka, el abogado Alí Daniels y la periodista Lisseth Boon, investigadora del tema. Desde que el programa salió al aire, ha contado con más de cien mil visitas. Se nota que el asunto llama la atención de los venezolanos. No es para menos. Muchas de las graves dificultades cotidianas que padecen los ciudadanos, así como la ruina nacional, se encuentran asociadas con el deterioro de los valores morales de los funcionarios o responsables de asegurar el uso correcto de los recursos públicos destinados a mejorar los servicios, garantizar que la calidad de vida se eleve de forma sostenida o se cumpla con el Estado de derecho en todas las instancias del Poder Judicial.
Desde el Plan Bolívar 2000, a comienzos de la era chavista, hasta la actualidad —incluyendo a Cadivi, Pdval, los elefantes blancos abandonados por Odebrecht, las bolsas CLAP y los turbios negocios petroleros con Cuba y Petrocaribe—, una extensa franja de venezolanos asocia su miseria con el saqueo al cual ha sido sometido el país durante casi tres décadas.
Donde la descomposición resulta más evidente por los estragos que está causando es en el área eléctrica. En los diferentes planes socialistas de la nación diseñados desde 1999, se contemplaban millonarias inversiones destinadas a modernizar el servicio con la finalidad de mantenerlo a tono con las demandas del crecimiento económico. Los resultados del desastre causado por la corrupción se encuentran a la vista: toda Venezuela sufre las consecuencias de que al frente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fuesen colocadas personas inmorales, que se aprovecharon de su cercanía con altos funcionarios del régimen para abultar sus cuentas bancarias en el exterior, mientras los venezolanos quedaban en la penumbra.
A Pdvsa, sostén de la economía durante décadas, primero se le pervirtió, poniéndola a cumplir funciones que no le correspondían —como repartir pollos y construir viviendas— y luego se le descapitalizó y endeudó, mientras un grupo de enchufados realizaba jugosos negocios con las criptomonedas y la venta de crudo por los caminos verdes, sin que el país se enterase de quiénes eran los compradores y a dónde iba a parar el dinero producto de esas ventas subrepticias y fraudulentas.
El Poder Judicial representa un símbolo de cómo el morbo de la corrupción ha penetrado las instituciones del Estado. Los abogados saben cuál es la tarifa que aplican algunos jueces para liberar a un preso, decretar un desalojo ajustado a Derecho o tomar cualquier medida que materialice la seguridad jurídica.
El Seniat, que en sus comienzos fue un extraordinario ejemplo de pulcritud y eficiencia, fue pervertido. En realidad, no actúa como un organismo de recolección de impuestos legales, sino como una engrasada máquina de extorsión y expoliación de los empresarios, los comerciantes y los productores agropecuarios. Ningún sector se encuentra a salvo de la voracidad de este organismo insaciable. Hasta los comerciantes de La Guaira sobrevivientes de los terremotos del 24 de junio se quejan de la avidez de ese ente y sus sucedáneos en las gobernaciones y las alcaldías.
La Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional constituyen otro emblema de la corrupción. No sorprende que, en distintas encuestas de opinión, la gente exprese tenerles más miedo a los agentes que a los ladrones. Los encuestados se refieren a ellos como malandros con chapa y uniforme. Una verdadera pena. En los países democráticos, el ciudadano normal se siente respetado y cuidado por los agentes públicos. En Venezuela, para desgracia de la gente, un amplio sector de los policías y guardias nacionales encarna al matraquero con poder.
La entrega de Álex Saab y su compinche, Álvaro Pulido, a la justicia norteamericana representa un signo positivo. Ambos aparecen vinculados con estafas y fraudes multimillonarios que lesionaron a amplios estratos de la población. Sin embargo, ese hecho —más ligado a un ajuste de cuentas del Rodrigato con el círculo alrededor de Maduro— no indica que el régimen esté combatiendo a fondo la corrupción. Esta lucha solo podrá avanzar cuando se aplique un plan coherente para depurar y profesionalizar el Poder Judicial y los cuerpos policiales, se eleve la capacidad de la gerencia pública, se persiga a los delincuentes y se acabe con el fuero del que gozan los poderosos.
El problema esencial no reside en que exista corrupción. En numerosas naciones se registra ese fenómeno. El drama surge cuando el delito no se combate. Cuando los corruptos gozan de impunidad y disfrutan de privilegios que se les niegan a los ciudadanos comunes, víctimas de las fechorías de los criminales.
Con corrupción no hay cambio.
@trinomarquezc
