El sistema judicial venezolano sumó este martes un nuevo capítulo de irregularidades procesales. El Tribunal Tercero de Juicio de Caracas, con competencia en Terrorismo, rechazó la solicitud de sobreseimiento para el estudiante de Comunicación Social, Jonathan Carrillo, quien tras pasar más de tres años en prisión, ahora enfrenta la negativa de un cierre definitivo a su causa penal.
El «filtro» de la Ley de Amnistía
De acuerdo con el reporte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la jueza a cargo argumentó que los delitos imputados a Carrillo no se encuentran contemplados en el artículo 8 de la Ley de Amnistía, aprobada recientemente en el marco del proceso de transición.
Esta interpretación jurídica mantiene al joven en un estado de vulnerabilidad legal, a pesar de haber recibido una medida de excarcelación el pasado 26 de febrero. El fallo implica que, aunque Carrillo ya no está tras las rejas, el expediente por «conspiración e instigación al odio» permanece abierto, limitando sus derechos civiles y su pleno ejercicio profesional a futuro.
Notificación por mensajería y desamparo legal
Uno de los puntos más críticos denunciados por el gremio periodístico es la degradación de las formalidades judiciales. Según el SNTP, la decisión le fue comunicada al estudiante a través de un mensaje de WhatsApp.
«El tribunal también le indicó que él mismo podía hacer su apelación», informó el sindicato, una instrucción que, según expertos constitucionalistas, ignora el derecho a la defensa técnica y el acompañamiento profesional que requiere un caso de tal magnitud.
Jonathan Carrillo fue detenido por el SEBIN el 20 de julio de 2022. Su caso se ha convertido en un símbolo de la persecución al pensamiento crítico en las universidades y del uso de leyes contra el odio para silenciar voces emergentes en el periodismo.