Una orden de aprehensión emitida el pasado 9 de julio de 2026 ha devuelto a la primera línea del debate público el emblemático caso de Linda Loaiza López, luego de que un tribunal de la capital venezolana ordenara la captura de Luis Antonio Carrera Almoina por el delito de violación.
El oficio, hecho público por la periodista Maryorin Méndez a través de la red social X, emana del Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La disposición establece que Carrera Almoina debe ser puesto a la orden del Ministerio Público tan pronto se ejecute su aprehensión, con la obligación de notificar formalmente al tribunal dentro de las 48 horas posteriores.
Un reclamo histórico impulsado por la justicia internacional
La reactivación de esta causa responde a más de dos décadas de exigencias e impunidad diferida. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó una sentencia histórica contra el Estado venezolano, declarándolo responsable internacionalmente por la tortura, la violencia sexual y la denegación de justicia sufridas por López Soto en el año 2001.
En aquel fallo, la Corte IDH determinó que las investigaciones iniciales estuvieron viciadas por estereotipos de género e irregularidades procesales, por lo que ordenó al Estado venezolano continuar el proceso penal de forma rigurosa para juzgar y sancionar las agresiones sexuales que habían quedado impunes.
En el juicio original celebrado en tribunales nacionales, Carrera Almoina únicamente fue condenado por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, resultando absuelto del cargo de violación. Este último fallo fue fuertemente cuestionado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos, quienes señalaron que las evidencias de violencia sexual habían sido desestimadas de manera arbitraria.
Solicitudes acumuladas y retraso en la ejecución
De acuerdo con el reporte periodístico de Méndez, las víctimas y sus representantes legales han tenido que interponer al menos 16 solicitudes formales de revisión durante la última década para lograr que el sistema de justicia venezolano diera cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH.
A pesar de que la boleta de detención se firmó en julio, la medida aún no ha sido ejecutada por los cuerpos de seguridad. Trascendió que en días recientes Linda Loaiza López acudió nuevamente a las sedes judiciales para dar seguimiento al expediente; sin embargo, la defensa pública asignada a Carrera Almoina interpuso un recurso para diferir la audiencia con el argumento de requerir más tiempo para la revisión del expediente, dilatando una vez más el avance del proceso formal.
