Dos hombres y una mujer recibieron condena privativa de libertad por haber participado en una estafa contra 297 familias, a quienes prometieron entregar viviendas que construye el Gobierno Nacional a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Estas personas estafaron a las casi 300 familias con la promesa de adjudicación de apartamentos de la Gran Misión, que son construidos para familias venezolanas en situaciones vulnerables, luego del pago de dinero.
El Ministerio Público (MP) informó en nota de prensa que ante la contundencia de los medios presentados fueron condenados los ciudadanos José Espino, José Castillo y Yudith Tovar a 13 años de prisión, quienes admitieron haber estafado a las 297 familias durante los años 2009 y 2012.
Estas personas perpetraron la estafa a través de la empresa Construsolution C.A ubicada en el complejo urbanístico Parque Central en Caracas.
En la audiencia preliminar, la fiscal 139° auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Yoraima Rodríguez, ratificó la acusación contra los dos hombres y la mujer por la comisión de los delitos de asociación para delinquir y estafa a título de perpetradores en concurrencia de delitos, previstos y sancionados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Código Penal.
Luego de que las tres personas admitieran su responsabilidad en la estafa perpetrada, el Tribunal 28° de Control del AMC dictó la citada condena y la restitución del dinero a las familias afectadas.
El MP informó que Espino permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de la Región Capital Yare I, ubicado en el estado Miranda, mientras que Castillo cumplirá su condena en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.
De igual manera, Tovar estará recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Miranda.
De acuerdo con la investigación, Espino Castillo y Tovar ofrecieron apartamentos en diferentes conjuntos residenciales de Caracas, alegando tener vinculación con funcionarios del Gobierno Nacional en los planes de adjudicación de viviendas financiadas por el Estado.
En el año 2012, se realizaron varias denuncias por un grupo de afectados que canceló entre 3.000 a 120.000 bolívares para la adquisición de viviendas en diferentes conjuntos, pero nunca se les dio respuesta de la entrega.
Por este motivo, Espino, Castillo y Tovar fueron aprehendidos y colocados a la orden del MP.
Fuente: ÚN
