La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) lanzó este lunes una alerta roja sobre la situación de 22 adultos mayores que permanecen privados de libertad por motivos políticos en Venezuela. La ONG advirtió que la avanzada edad de estos detenidos, sumada a las deplorables condiciones de reclusión, convierte su estancia en prisión en una sentencia de muerte lenta.
A través de un contundente hilo en la red social X, JEP sustentó su denuncia en los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de la ONU, confirmando que la gestión de salud en los centros de detención es «estructuralmente deficiente».
Fragilidad biológica frente a la desidia
Para este grupo etario, la falta de atención médica no es un descuido, sino una tortura. La organización explicó que estas 22 personas requieren cuidados geriátricos especializados y tratamientos constantes que el sistema penitenciario ignora por completo.
“La detención termina convirtiéndose en un trato cruel e inhumano que ignora la fragilidad biológica de este sector”, sentenció la ONG, subrayando que la opacidad oficial impide que los familiares entreguen medicamentos vitales, transformando la cárcel en un castigo que excede por mucho cualquier decisión judicial.
Violación directa del Código Orgánico Procesal Penal
JEP recordó a las autoridades que la permanencia de estos ancianos tras las rejas es, en muchos casos, una ilegalidad flagrante. El artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) es taxativo:
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Prohibición legal: No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad a personas mayores de 70 años, salvo en circunstancias extremadamente excepcionales.
Pese a esto, la «arquitectura legal restrictiva» descrita por la misión de la ONU mantiene a estos ciudadanos en celdas que no cumplen con los estándares mínimos de dignidad humana.
Un llamado a la revisión humanitaria inmediata
Ante este panorama de vulnerabilidad extrema, Justicia, Encuentro y Perdón instó al Ejecutivo a:
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Ejecutar medidas sustitutivas: Aplicar de carácter urgente la libertad condicional o arresto domiciliario para proteger la vida de los 22 detenidos.
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Apertura a la supervisión: Permitir el ingreso de organismos independientes y técnicos para evaluar el estado real de salud de los recluidos.
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Transparencia total: Cesar el bloqueo de información hacia los familiares y garantizar el acceso a fármacos.
La organización concluyó que la justicia venezolana debe priorizar el carácter humanitario antes de que la lista de fallecidos en custodia siga aumentando por causas prevenibles.