La organización Transparencia Venezuela lanzó este jueves 14 de mayo una severa advertencia sobre el proceso de reestructuración de activos públicos impulsado por el gabinete de Delcy Rodríguez. Según la ONG, la opacidad que rodea estas maniobras sugiere que el país no avanza hacia una recuperación económica real, sino hacia una redistribución selectiva de la riqueza nacional entre aliados cercanos a la nueva cúpula en el poder.
Mercedes de Freitas, directora de la organización, cuestionó la ausencia de un inventario público y veraz sobre los bienes del Estado que están siendo negociados, señalando que la falta de rendición de cuentas es la «marca de fábrica» de este proceso.
De Freitas fue enfática al diferenciar los procesos de privatización legítimos de lo que actualmente ocurre en las altas esferas del Palacio de Miraflores.
“Nos preocupa que estos convenios se hagan a oscuras porque, más que privatización, parece una redistribución de fondos del Estado entre amigos. Ya ocurrió con las alianzas estratégicas en las minas, que terminaron en manos de compañeros de estudio o familiares del alto gobierno”, denunció la activista.
Uno de los puntos más críticos del reporte es la comparación histórica con la Rusia postsoviética. Transparencia Venezuela advirtió que Venezuela corre el riesgo de repetir el patrón que dio origen a los actuales oligarcas rusos: la entrega discrecional de activos estratégicos del Estado a un grupo pequeño de empresarios y exfuncionarios leales al sistema político.
Este modelo, advierte la ONG, tiene consecuencias a largo plazo:
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Consolidación de una cleptocracia: El poder económico se fusiona con el político para garantizar impunidad.
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Control social persistente: Los recursos del Estado se utilizan para financiar mecanismos de represión y control en lugar de servicios públicos.
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Falta de competencia: Se eliminan las reglas de mercado, favoreciendo el monopolio de los «amigos del gobierno».
Exigencia de claridad inmediata
Ante este escenario, la organización exigió la apertura de un proceso de licitación y auditoría que sea amplio, auditable y transparente. El objetivo, según De Freitas, es evitar que la transición económica se convierta en una simple transferencia de propiedad que valide los vicios de las últimas décadas.
“Es imperativo que la ciudadanía sepa que este no es un camino hacia la prosperidad, sino un paso más para mantener a la cleptocracia en el poder y perpetuar el control estatal que tanto daño ha causado”, concluyó.
