La emergencia humanitaria que existe en Venezuela no solo abarca la escasez de insumos médicos y medicamentos, incluso se extiende a los servicios de los 137 bancos de sangre ubicados en los 23 estados del país. El 70% de ellos están paralizados ante la ausencia de reactivos serológicos que provee el ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) luego de que el Estado dejara de comprarlos en septiembre de 2017. La consecuencia inmediata ante la ausencia de sangre es el incentivo de traficarla para su posterior venta.
Aunque el artículo 39 de la Ley de Transfusión y Bancos de Sangre advierte que “quien con fines de lucro utilizare la sangre humana o sus componentes, o la destinare para usos distintos a los permitidos por esta Ley, será castigado con prisión de 4 a 8 años“, la realidad muestra un mercado naciente en torno a su distribución y venta ilegal.
Esta situación concuerda con la más reciente Encuesta Nacional de Hospitales que advertía que 80% de los servicios hospitalarios del país están inoperativos, en el que hace mención a los laboratorios que están prácticamente cerrados en su totalidad por falta de reactivos.
Los reactivos ausentes son los encargados de evaluar la sangre donada para su posterior transfusión, además de descartar la presencia de enfermedades como hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, el virus linfotrópico humano y el mal de chagas. Sin esta sustancia los médicos están imposibilitados de diagnosticar una enfermedad ni verificar la calidad de la sangre.
Varias personas han protestado en el Hospital Universitario de Caracas por la falta de medicamentos e insumos médicos. Varias personas han protestado en el Hospital Universitario de Caracas por la falta de medicamentos e insumos médicos.
En seis entidades del país, incluida Caracas, se ha reportado la venta de sangre proveniente de centros hospitalarios públicos, denuncia la Coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida (Codevida).
Maribel Meléndez, secretaria general de la Sociedad Venezolana de Hematología (SVH), advierte que dentro de las instituciones públicas se ha descubierto personal que trata de beneficiarse de la escasez de sangre para venderla a quienes la necesiten por una emergencia médica. “La ausencia de reactivos ha menoscabado la situación en los bancos de sangre que desde diciembre de 2017 están en situación crítica“, asegura.
En febrero del presente año la Sociedad Venezolana de Enfermería en Hemoterapia (Sovehem) emitió un comunicado en el que advertía sobre la difícil situación por la que atraviesan los Bancos de Sangre en todo el territorio nacional, ante la falta de insumos, reactivos y equipos por parte del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).
Como primer punto de alerta la Sovehem explicaba que la sangre en existencia así como sus componentes son insuficientes e inseguros debido a que no se han adquirido los insumos ordinarios tales como reactivos para la determinación de los grupos sanguíneos, descarte de las enfermedades transmisibles por la transfusión, investigación de anticuerpos y pruebas de compatibilidad requeridas que garanticen el cumplimiento de las normas y técnicas de los Bancos de Sangre.
También destacaba la sociedad que las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos que requieren transfusiones, tanto de emergencia como electivos, se han reducido a un mínimo poniendo en riesgo la seguridad y en muchos casos la vida de las personas.
En ese sentido, la Sovehem advertía que se ha delegado la responsabilidad de las instituciones de la evaluación de la sangre donada en los familiares de las personas que la requieren, lo cual ha traído como consecuencia, la incertidumbre ante la validez de los resultados y la erogación de cantidades importantes de dinero, lo cual afecta su derecho constitucional a la gratuidad de la salud.
Mientras tanto, señalan que el MPPS no dispone de un organismo con personal idóneo y experto a quien acudir ante esta compleja situación, tal como lo establece la Ley sobre Transfusión y Bancos de Sangre.
Francisco Valencia, director ejecutivo de Codevida estima necesario que las autoridades del ministerio de salud investiguen la situación del tráfico o la venta en el mercado negro de la sangre. “Pacientes renales ante el desespero de transfundirse están adquiriendo esta sangre en el mercado negro donde están cobrando hasta 7 millones de bolívares (30 dólares al mercado paralelo) por cada unidad de sangre“, indica.
En Venezuela el sueldo mínimo es de 392.346 bolívares sin beneficios alimenticios (1,7 dólares) y el integral es de 1.307.646 (5,8 dólares), lo que supone que el costo de sangre no está al alcance del ciudadano común. Además de los riesgos que supone adquirirla ilegalmente. Valencia, advierte que esta comercialización trae varios problemas para quien la adquiere en su desesperación: desconocen si la misma ha pasado por los protocoles de reactivos que necesita, así como si está contaminada por algún tipo de condición o enfermedad.
Fuente: Diario Las Américas
Por Confirmado: David Gallardo
