Trabajadores activos y jubilados de la industria eléctrica se concentraron este miércoles frente a la sede de Corpoelec, en El Rosal, para exigir a la directiva de la empresa el pago de las utilidades de fin de año calculado sobre el ingreso integral, la reincorporación del personal con órdenes de reenganche pendientes y la apertura de una mesa permanente de negociación para atender la crisis laboral y operativa del sector.
Durante la protesta, Alexis Rodríguez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad del estado Miranda, denunció que desde el mes de febrero han remitido cuatro comunicaciones formales al Ministerio de Energía Eléctrica, a la presidencia de Corpoelec y a la Gerencia de Talento Humano, sin obtener respuesta alguna.
Rodríguez detalló que el cálculo de las utilidades sobre el ingreso integral debe cobijar tanto a los activos como a jubilados, pensionados y sobrevivientes, integrando las bonificaciones regulares. Asimismo, criticó que la reciente reforma de la Ley del Servicio Eléctrico se tramitara sin consultar a la clase obrera, que se mantiene a la expectativa sobre el impacto en las relaciones laborales y la llegada de nuevos operadores.
Demandas de seguridad, reenganches y rechazo a afectaciones laborales
Por su parte, Oswaldo Méndez, secretario general de los Trabajadores Eléctricos del estado Lara, propuso la creación inmediata de una mesa de diálogo permanente para discutir las reivindicaciones salariales, la recuperación operativa de la corporación y las condiciones de seguridad en las labores.
Méndez alertó que, de acuerdo con los registros sindicales, al menos cuatro trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales durante el año en curso. A su vez, denunció la existencia de 26 casos con órdenes de reenganche pendientes desde hace más de cuatro años y más de 500 empleados afectados por bloqueos, exclusiones y desvinculaciones arbitrarias, exigiendo que las conversaciones con Recursos Humanos cuenten con la participación legítima de los sindicatos.
Advertencia sobre la reforma legal y defensa de las prestaciones
En relación con el nuevo marco legal del sector, Alí Briceño, secretario ejecutivo de la Federación Eléctrica, advirtió sobre los riesgos que la normativa podría acarrear para la propiedad de la industria y la estabilidad de los contratos. Rechazó de manera categórica cualquier modificación que comprometa el recálculo de las prestaciones sociales, recordando que estas representan el patrimonio familiar al término de la relación de trabajo.
«Nosotros no vamos a entregar las prestaciones sociales», aseveró Briceño, al tiempo que exigió que cualquier transformación legal se discuta directamente con los trabajadores y se sujete a los principios constitucionales de intangibilidad y progresividad de los derechos laborales.
Por último, Nelson Villegas, presidente de la Asociación de Jubilados de la Industria Eléctrica, abogó por una optimización de la cobertura de HCM para el sector pasivo y solicitó una revisión profunda del funcionamiento de FARME para garantizar asistencia médica oportuna. Villegas también cuestionó la opacidad institucional en el manejo de las nóminas, señalando que estimaciones gremiales calculan entre 34.000 y 36.000 trabajadores activos y entre 10.000 y 12.000 jubilados, sin que exista una confirmación oficial por parte de la empresa.