Luego de escuchar la declaración de la fiscal Luisa Ortega Díaz, ofrecida para un medio de comunicación colombiano, en la que manifestó que fue obligada a perseguir penalmente y procurar la condena del dirigente político Leopoldo López, los abogados de la Coalición venezolana de Derechos Humanos se pronunciaron al respecto.
La abogada Theresly Malavé explicó que esta confesión «nos obliga a hacer una comparación con lo sucedido con el magistrado Eladio Aponte Aponte en el año 2012 cuando aseguró que la condena de 30 años de los comisarios Henry Vivas, Lázaro Forero e Iván Simonovis y los funcionarios de la Policía Metropolitana habría sido manipulada y que la orden para capturarlos la dio directamente Hugo Chávez».
Ante esta situación Malavé explicó que lo que corresponde en este caso es anular los expedientes y la liberación inmediata de los presos políticos venezolanos. «Es lamentable que el Poder Judicial dependa de lo que disponga el Poder Ejecutivo y no de lo que dictan las leyes. Las violaciones a los derechos humanos de nuestros defendidos se repiten demostrando que es una política de Estado inventar crímenes, alterar las actas procesales, presentar testigos falsos, negar las pruebas que usan los presos políticos para demostrar su inocencia, retardo procesal deliberado para perjudicar y torturas que van desde palizas, asfixias, aislamientos y prohibición de visitas «.
Para Malavé este patrón de conducta permite aseverar que todas estas violaciones en los casos de los presos políticos es una política del gobierno. «Por está razón exigimos libertad plena de todos los presos políticos y en especial de aquellos que fueron acusados durante la gestión de la fiscal Luisa Ortega Díaz, entre los cuales se encuentran: Alexander Tirado, Raul Baduel, Lorent Saleh, Gabriel Valles, Renzo Prieto, Villa Fernández, Kamel Salam que está preso desde el 2009 y está actualmente grave de salud, los funcionarios de la PM Marcos Hurtado y Arube Salazar que ya tienen su pena cumplida, y los funcionarios Luis Enrique Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain».
Para Malavé la fiscal fue presionada por el gobierno y que no solo fue ella sino también el fiscal Franklin Nieves. Los abogado de la Coalición venezolana de Derechos Humanos coincidieron en que con el tiempo la fiscal general fue distanciándose de las instrucciones emanadas del poder y detallaron que en esa oportunidad no acusó a Leopoldo López por el delito de homicidio y terrorismo sino que se deslindó y lo acusó por delitos menores que generaron una condena de 14 años y no de 30 años. «Pero esta conducta no sólo fue con Leopoldo López sino que en el caso de Juan Pablo Pernalete es cuando se evidenció un distanciamiento absoluto de ella con el gobierno revelando que lo mataron con una bomba lacrimógena», concluyó.
