El Gobierno del presidente brasileño, Michel Temer, quien este lunes fue objeto de nuevas sospechas de corrupción, denunció que el Estado de Derecho en el país está en riesgo por acusaciones que son presentadas «sin pruebas».
La advertencia fue incluida en una nota oficial difundida después de que la Policía Federal dijo haber encontrado «indicios» de que el propio mandatario y la cúpula del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en la Cámara de Diputados participaron en una trama que desvió millones de reales en dinero público.
«El Estado Democrático de Derecho existe para preservar la integridad del ciudadano, cohibir la barbarie del castigo sin pruebas y evitar toda forma de injusticia», pero «en las últimas semanas Brasil ha visto exactamente lo contrario», indicó la nota, divulgada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
Aunque no aclaró a qué se refería, fuentes oficiales dijeron a Efe que el comunicado es respuesta a las sospechas que la Policía Federal ha volcado contra el PMDB y el propio Temer, quien también es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público.
Según la Policía Federal, las investigaciones «demuestran» que Temer «posee poder de decisión en las acciones del grupo del PMDB de la Cámara, tanto para indicaciones en cargos estratégicos como en la articulación con empresarios beneficiados en tramas para el recibo de valores, bajo la justificativa de donaciones electorales».
Temer ya ha sido acusado formalmente de corrupción, aunque los cargos fueron rechazados por la Cámara baja, que por imperativos de la Constitución brasileña debe avalar la apertura de un juicio penal contra un gobernante en pleno ejercicio del poder.
El fiscal general, Rodrigo Janot, que concluirá su mandato el próximo domingo, dijo que prepara nuevas acusaciones contra Temer, pero como las anteriores se apoyan en testimonios de los dueños del grupo JBS cuya validad legal ha sido puesta en duda, lo que podría llegar a invalidar esos testimonios.
La nota oficial divulgada este martes aludió a esa situación, al afirmar que «se cambia el pasado» de las personas «con falsos testimonios» de «bandidos que construyen versiones» y «destrozan reputaciones en conversaciones embebidas de acciones clandestinas».
El comunicado agrega que «todo desvío debe ser condenado», pero aclara que «no se pueden criminalizar las acciones correctas que son protegidas por las garantías constitucionales», como la recepción de donaciones para campañas electorales por parte de un partido.
Ese último párrafo fue considerado una clara alusión a las dudas que la Policía Federal ha sembrado en torno a la financiación del PMBD, la cual consideró que se valía de corruptelas que implicaban favorecer negocios de empresarios con el Estado a cambio de su apoyo financiero, lo cual ha sido negado enfáticamente por el partido.
EFE
