La corrupción y la inflación han sido los signos característicos que este gobierno ha impulsado a través de las decisiones que ha implementado a lo largo de estos 23 años, cuyas consecuencias son pagadas por los venezolanos sobre todos los de la clase más pobre.
Así lo señaló el diputado por el estado Lara Guillermo Palacios de UNT, en la sesión de la Comisión Delegada de este martes vía telemática, durante el debate sobre la corrupción del Socialismo del Siglo XXI.
Indicó que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo en donde las élites del gobierno han amasado fortunas incalculables a partir de los negocios gubernamentales, lo cual ha sido corroborado por organismos internacionales e informes nacionales.
“Tenemos unas de las tasas de inflación más altas del hemisferio. La falta de producción interna del país, unido a una negativa política monetaria, y un gasto público desmesurado ha disparado la inflación. Los venezolanos, de todos los estratos, ven y sienten que sus ingresos se evaporan”, sentenció el parlamentario larense.
Explicó que el incremento galopante de los precios de todos los productos, tanto los de consumo primario, como suntuario o de insumos para la actividad económica, afecta negativamente el bolsillo del venezolano. Esta situación ha llevado a cruzar la línea de la pobreza en los últimos 23 años a miles de venezolanos y ha dejado estancado el combate a la pobreza en los estratos D y E de la sociedad.
Agregó que, para finales del año 2013, mil hogares adicionales entraron en pobreza extrema en la nación, hecho este reconocido por el oficialismo a través del Instituto Nacional de Estadística.
“Este gran descalabro económico ha sido producto de la puesta en marcha, de lo que el gobierno ha llamado la transición al Socialismo del siglo XXI. Sólo destruyendo los modos de producción y los valores que se atribuyen al “capitalismo”, el gobierno logrará, según sus propios términos, construir una economía centralmente planificada, donde no exista propiedad privada de los medios de producción estratégicos”.
Afirmó que frente a esta situación los poderes públicos se han convertido en una “lavadora de corrupción del gobierno”, que sólo se deciden los casos de interés del Estado, por ejemplo, cuando se trata de disidentes contra la política gubernamental actual o para favorecer a sus colaboradores.
“Por eso el Fiscal General de la República Tarek William Saad, miente al decirnos que en Venezuela hay estado de derecho cuando todos sabemos que los organismos de control de los recursos Públicos en Venezuela están bajo la potestad y supervisión de quien ejerce la Presidente de la República. Allí no se hace nada sin que tenga el visto bueno de Miraflores”.
Destacó que se han solicitado, desde esta Asamblea Nacional legítima, cantidad de averiguaciones que se han quedado en las gavetas del Ministerio Público, porque no tienen disposición para averiguar estos hechos de corrupción.
“El fiscal general, le ha mentido descaradamente al país cuando anuncia medidas contra la corrupción, ya que solo se limitan a realizar ejercicios demagógicos. Por esto creo que debe separarse del cargo, por cuanto ha demostrado que no defiende los intereses de los venezolanos sino del gobierno, se ha convertido en un agente de persecución”.
Finalmente afirmó que la corrupción ha causado un alto impacto en los derechos humanos, lo cual ha sido definido en un trabajo publicado por el exparlamentario Carlos Tablante, en el cual señalo: “la crisis humanitaria que padece Venezuela evidencia de manera contundente el impacto de la corrupción en la violación sistemática de los derechos humanos”, por lo que afirmó que se justifica de manera plena que se trabaje en la sistematización del expediente rojo.
NP
