En una democracia que de verdad quiera ser seria, el Poder Judicial es como ese guardián calladito que sostiene lo que los otros poderes, con su alboroto y su corre–corre, a veces pasan por alto. El Ejecutivo vive en el aquí y el ahora, y en lo que viene mañana: administra, toma decisiones, resuelve crisis, ejecuta políticas. Es el poder del “hacer”. Pero hacer no es un verbo vacío: hay que saber qué se hace, para qué se hace y a quién ayuda. No se gobierna por inercia.
El Legislativo, por su parte, imagina el país que todavía no existe. Escribe leyes para ese futuro. Y además tiene otra tarea clave: vigilar al Ejecutivo y servir de espacio para el debate político. Allí se discuten los grandes temas, se chocan ideas, se ventilan diferencias. Es el corazón de la conversación pública.
Y mientras uno gobierna el presente y el otro diseña el futuro, el Poder Judicial trabaja con el pasado: con hechos ya ocurridos, heridas ya abiertas, abusos ya cometidos. Pero su misión es totalmente actual: evitar que esos errores vuelvan a repetirse.
Por eso el Judicial no puede recibir órdenes ni del gobierno ni de los poderosos. Si lo hiciera, dejaría de ser justicia para convertirse en obediencia. Su única lealtad es la Constitución, ese pacto que dice quiénes somos y qué no aceptamos. Un juez independiente no mira al presidente ni al partido ni al empresario de turno: mira la ley. Y cuando una ley nueva amenaza con convertirse en abuso, es el Judicial quien debe decir: “Hasta aquí. Esto no va”.
El Poder Judicial castiga delitos no sólo porque siempre hay gente que, si nadie la frena, convierte el abuso en costumbre, sino porque cada sanción manda un mensaje: “Esto no lo toleramos”. La pena no es venganza ni show; es una advertencia para proteger el futuro y recordar que la libertad de uno termina donde empieza la dignidad del otro.
Cuando el Judicial funciona como debe, pone límites a los excesos de los otros poderes. Evita que el Ejecutivo confunda gobernar con mandar, y que el Legislativo crea que tener mayoría es tener permiso para todo. Su trabajo no es adornar ni acompañar: es frenar, corregir, contener. Un juez independiente recuerda que en democracia nadie tiene carta blanca. Cuando no actúa así, cuando se vuelve un brazo obediente del poder político, deja de ser contrapeso y se convierte en cómplice. Por eso un Poder Judicial autónomo no es un lujo: es lo que evita que el poder se desboque y atropelle derechos.
Ese rol —tan discreto, tan poco vistoso— es lo que sostiene a un país. Un Judicial independiente marca la diferencia entre un Estado donde manda el poder y uno donde el poder rinde cuentas. Garantiza que la ley no sea un adorno ni un arma, sino el piso común donde todos podemos caminar sin miedo.
Hasta la vestimenta del juez habla de eso. La toga no es un disfraz: es un recordatorio de que, al entrar en la sala, el juez deja atrás simpatías, rabias y prejuicios, y se convierte en la voz de la ley. La toga borra diferencias y subraya que la autoridad del juez no viene de su nombre, sino de la Constitución y de su compromiso con la imparcialidad.
No es casual que la justicia se represente como una mujer con balanza, espada y los ojos vendados. Esa imagen viene de muchas tradiciones: Maat en Egipto, Temis en Grecia, Iustitia en Roma. Pero la venda llegó más tarde, en el siglo XV, para decir algo fundamental: la justicia no debe ver poder, dinero ni influencias. Debe escuchar sin prejuicios y decidir sin miedo.
La dama ciega nos recuerda que la justicia sólo es justicia cuando no se inclina ante nadie. Cuando pesa argumentos con equilibrio, cuando usa la espada para defender derechos y no para castigar disidentes, cuando la venda no es ceguera sino imparcialidad.
Y aquí viene la parte incómoda: un país puede tener un presidente eficiente, un parlamento hiperactivo y discursos que prometen maravillas, pero si la justicia se arrodilla, la democracia se cae. No hace falta un golpe de Estado: basta con un juez que mire para otro lado. Cuando la venda se cae, cuando la balanza se inclina, cuando la espada protege al poderoso y no al ciudadano, la justicia deja de ser justicia.
En Venezuela, por razones largas de explicar pero fáciles de sentir, todo se volvió un arroz con mango: los poderes se mezclaron, los límites se borraron y las instituciones dejaron de reconocerse. En ese caos, el Ejecutivo terminó creyéndose dueño del país. Y cuando un Ejecutivo se cree omnipotente, los contrapesos dejan de ser aliados de la democracia y pasan a ser estorbos. Allí el peligro no es sólo el abuso, sino la desaparición del equilibrio que sostiene a cualquier república.
Un Poder Judicial independiente no es un lujo: es la última frontera entre la ley y el abuso. Si esa frontera se rompe, lo que viene no es orden ni progreso, sino un país donde manda el miedo y la dignidad se negocia. Y una democracia que permite eso deja de ser democracia: queda apenas la palabra, vacía, sostenida por quienes se benefician del silencio.
Defender la independencia judicial no es un capricho técnico. Es defender la posibilidad de vivir en un país donde la verdad no dependa del poder, donde la ley no sea un arma y donde la justicia —esa mujer ciega— no tenga que pedir permiso para hacer lo correcto.
Porque si un país no lo entiende a tiempo, lo aprende, dolorosamente, demasiado tarde, cuando ya duelen hasta las pestañas.
Soledad Morillo Belloso
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