Roberto Rock, presidente de la SIP, expresó su profunda preocupación ante la alarmante crisis política en Venezuela y su impacto en la libertad de expresión. “Nos encontramos ante un escenario en el que las autoridades venezolanas han violado de manera flagrante derechos humanos básicos consagrados en la Constitución, con especial énfasis en la grave restricción de las libertades de expresión y de prensa”, dijo
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este miércoles la imputación de delito de terrorismo e incitación al odio contra cuatro periodistas dispuesta por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, y condenó el aumento de las detenciones arbitrarias, censura y bloqueos contra la prensa en Venezuela, publica Infobae.
La SIP, con sede en Miami, expresó su repulsa por los ataques y hostigamiento contra los medios de comunicación que dan cobertura a las protestas que se han extendido a partir de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en contra de los resultados oficiales.
Rechazó el incremento de las denuncias sobre detenciones arbitrarias, principalmente en el interior del país, según registró el diario El Nacional.
Roberto Rock, presidente de la SIP, expresó su profunda preocupación ante la alarmante crisis política en Venezuela y su impacto en la libertad de expresión.
Nos encontramos ante un escenario en el que las autoridades venezolanas han violado de manera flagrante derechos humanos básicos consagrados en la Constitución, con especial énfasis en la grave restricción de las libertades de expresión y de prensa”, dijo Rock en un comunicado.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) e Ipys Venezuela registraron la detención de cuatro periodistas, imputados de cometer presuntos actos terroristas e incitación al odio.
Se tratan de Yousner Alvarado, reportero gráfico en Barinas; Paúl León, camarógrafo de VPI TV, en Trujillo; Deisy Peña, reportera gráfica en Miranda, y José Gregorio Carnero, periodista y dirigente político de Guárico.
Roland Carreño, periodista y dirigente opositor, fue detenido el 2 de agosto y acusado por supuestos “actos de violencia y odio”, según informó El Impulso.
También se encuentran encarcelados los periodistasCarlos Julio Rojas desde abril y Ramón Centeno desde febrero de 2021, según registró el Sntp. Los siete continúan detenidos.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló la “condena enérgica” de la organización “frente a la sistemática represión contra periodistas y medios que enfrentan agresiones, censura y acoso judicial sin el debido proceso, lo que lleva a detenciones arbitrarias”.
Para quienes siguen hablando de que el régimen de Maduro es democrático, esta es una prueba palmaria del error, la ingenuidad o la complicidad: informar, opinar, denunciar irregularidades no es terrorismo; es libertad”, resaltó Jornet.
Los directivos de la SIP señalaron que “está claro cuán peligrosas son para una dictadura, para una tiranía, las libertades de pensar, expresarse e informar”.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que reporteros de al menos cinco estados del país fueron señalados en internet como “operadores de la derecha fascista” y advirtió que sus rostros fueron publicados, lo que los obligó a ocultarse para resguardar su seguridad.
El gobierno de Nicolás Maduro prohibió además el uso de la red social X y de la aplicación de mensajería instantánea Signal.
Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), se registraron 18 casos de restricciones de acceso, 30 actos de intimidación y amenazas, nueve expulsiones de periodistas extranjeros y cuatro agresiones físicas, entre otros actos de censura.
Según informó la ONG venezolana Conexión Segura y Libre, hasta la fecha, 62 medios de comunicación fueron bloqueados por los principales proveedores de servicios de Internet, lo que afecta a 86 dominios y totaliza 431 bloqueos activos. Además, también fueron bloqueados nueve sitios web de organizaciones de derechos humanos, con un total de 41 bloqueos activos.
El proclamado triunfo de Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para un tercer mandato consecutivo ha sido rechazado y calificado de “fraude” por la oposición mayoritaria y cuestionado por varios Gobiernos extranjeros y grupos de veeduría internacional.
VF
