Disturbios producidos durante la votación de la Ley de Reforma Previsional.
EFE
El congreso argentino aprobó este martes la reforma del sistema de pensiones que impulsó el Gobierno de Mauricio Macri, luego de una huelga general convocada el lunes por la mayor central obrera y una batalla campal desatada en los alrededores del Parlamento, con decenas de heridos y detenidos.
Tras el fallido intento de sacar adelante la ley la semana pasada, también en medio de violentas protestas, el oficialismo logró quórum para iniciar la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, pero, a la par, se desató un fuerte enfrentamiento entre la Policía y parte de los numerosos manifestantes contrarios a la iniciativa.
Una lluvia de piedras contra los agentes de seguridad, a la que siguió el derribo de parte del extenso vallado en torno al palacio del Congreso, fueron los primeros incidentes a los que la Policía respondió con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos.
Los disturbios se extendieron luego hacia otros sectores del centro de la ciudad, mientras el grueso de los manifestantes que no participó de los incidentes se retiraba y entraba en acción la Gendarmería y la Policía Federal.
Hasta el momento, el enfrentamiento ha dejado al menos 109 heridos, incluyendo agentes policiales, además de 60 detenidos.
Puertas adentro del Congreso, la aprobación se consiguió con 128 votos a favor, 116 en contra y dos abstenciones. A partir de esta decisión tomada, los legisladores votarán artículo por artículo de esta iniciativa.
La reforma modifica la fórmula para calcular los aumentos de los pagos por jubilaciones, que, según el Gobierno, permitirá a los retirados ganar más en 2018, en contra de lo que aseguran la oposición y los sindicatos, que denuncian que el cambio constituye una rebaja en los ingresos de los jubilados.
«Constituye una rebaja de los salarios de jubilados, pensionados y los sectores más vulnerables de la sociedad», denunció Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales la CGT, al anunciar hoy la huelga.
Los mandatarios provinciales firmaron semanas atrás un pacto fiscal sellado con el Ejecutivo que implica, entre otras cosas, giros de fondos de la Nación hacia las provincias que, en parte, saldrían del ahorro que se generaría por la reforma en el sistema de pensiones.
Fuentes: TN y EFE
