El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, propuso que un eventual acuerdo de paz con la guerrilla comunista FARC sea refrendado por la población en las elecciones previstas el próximo año, para lo cual presentó este jueves un proyecto de ley al parlamento.
El proyecto de ley estatutaria busca “que los acuerdos finales para poner fin al conflicto se puedan presentar (en referendo) en un día que coincida con las elecciones normales; es decir, en las elecciones de Congreso, que sería lo que estamos buscando, o en las elecciones presidenciales” previstas en 2014, dijo Santos en una declaración desde la sede de la presidencia.
Menos de una hora después de esa declaración, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, introdujo el proyecto legislativo.
“El proceso de paz avanza, las conversaciones en La Habana avanzan y tenemos la responsabilidad, la obligación, de prever cualquier instancia que sea necesaria si los acuerdos se formalizan, para que el pueblo colombiano sea quien tome la última palabra”, señaló el mandatario.
“Si no llegamos a ningún acuerdo, pues no sucede absolutamente nada, no se aplica esta posibilidad. Pero si llegamos a un acuerdo de aquí a final de año como todos queremos y no tenemos la posibilidad de refrendación, ahí sí sería un acto de inmensa irresponsabilidad no haber previsto esta posibilidad”, añadió.
El gobierno de Santos lleva a cabo desde fines de 2012 un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una mesa de conversaciones en La Habana, y hasta ahora han discutido dos puntos de una agenda de cinco: el desarrollo rural, ya consensuado, y la participación política de la guerrilla.
Quedan aún por abordar los puntos sobre drogas ilícitas, abandono de las armas y reparación a las víctimas.
Sin embargo, Alejo Vargas, profesor de estudios políticos de la Universidad Nacional y quien ha impulsado con la ONU la recolección de propuestas ciudadanas para el proceso de paz, considera que el debate está muy avanzado.
“El tema de los puntos de la agenda es algo que está mucho más avanzado que esos dos asuntos. Internamente, la mesa de diálogo tiene otras dinámicas” menos ceñidas al cronograma, dijo Vargas a la AFP.
El presidente ha insistido en que este diálogo –respaldado por Noruega y Cuba como países garantes y por Venezuela y Chile como acompañantes– debe llegar a un acuerdo hacia fines de 2013.
Santos, que gobierna con una coalición de partidos de centro-derecha que controla el Parlamento, puede optar a un segundo mandato de cuatro años en las presidenciales que se realizarán a dos vueltas en mayo y junio del año próximo.
Los comicios legislativos están previstos para marzo de 2014.
Al hacer el anuncio este jueves, Santos exhortó al izquierdista Polo Democrático, el único partido opositor en el Congreso, a apoyar la iniciativa y darle “un trámite rápido” para que llegue prontamente a consideración de la Corte Constitucional, por tratarse de una ley que puede llevar a una reforma a la Carta Magna.
Actualmente, la ley sobre mecanismos de participación ciudadana impide que un referendo se realice el mismo día de elecciones nacionales, aunque la consulta sobre un eventual acuerdo con las FARC se podría convocar en otra fecha del mismo año 2014.
Para Vargas, la propuesta de Santos muestra, más que optimismo, “simplemente una previsión”.
“Es más fácil hacer un referendo en alguna de esas dos fechas porque concurren muchos más votantes. En otra es muy difícil que se dé esa participación”, señaló.
Para que un referendo sea válido en Colombia debe participar al menos 25 por ciento del padrón electoral, actualmente de unos 30 millones de votantes. En las legislativas de 2010, la tasa de participación fue de 48 por ciento.
Las FARC, fundadas en 1964 y con unos 8,000 combatientes en la actualidad, son la guerrilla más antigua de América Latina. Este es su cuarto intento de lograr un acuerdo de paz, luego de tres experiencias fallidas en los años 1980, 1990 y 2000.
Antes de iniciar las conversaciones con las FARC, el Congreso colombiano aprobó otra reforma constitucional conocida como marco jurídico para la paz, que permitiría la participación política a los guerrilleros que se desmovilicen.
La Corte Constitucional tiene plazo hasta el próximo 28 de agosto para dar su consentimiento a esa reforma.
Fuente: http://www.elnuevoherald.com/2
