La defensa de nuestra fachada atlántica y de nuestra salida libre al Atlántico debe y deberá ser un imperativo para cualquier gobierno venezolano
Está saliendo a la luz el libro de Ricardo De Toma: “La prospección de fronteras azules: geopolítica y petróleo en la controversia del Esequibo”. La obra es fruto de un profundo, extenso y exhaustivo trabajo de investigación, a lo largo de muchos años. Se trata de una obra de la mayor relevancia y de lectura obligada, para la comprensión de la controversia en la actualidad. Es realmente notable el número y la calidad de referencias bibliográficas, pero sobre todo documentales que el Autor nos presenta. De Toma es Doctor por el Programa de Postgrado en Estudios Estratégicos Internacionales (PPGEEI) de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y Máster en Sociedad y Fronteras (PPGSOF) por la Universidad Federal de Roraima. Actualmente es Investigador en varias instituciones académicas y militares en Brasil.
De Toma, entre la gran cantidad de mapas sumamente interesantes y valiosos que nos presenta en su obra, está el mapa de su propuesta para una posible “solución integral a la controversia”. Solución que quizás hubiese podido ser el resultado razonable y ciertamente más equitativo, tomando en cuenta la correlación de fuerzas entre el Imperio Británico y Venezuela, del Laudo de 1899. Ahora bien, en relación a la negociación bilateral y la posible “solución practica” que podría resultar de la misma, creo necesario subrayar el siguiente dilema que ha tenido y tendrá cualquier gobierno venezolano. Tomando en cuenta que la reclamación venezolana abarca las 2/3 partes del territorio que Guyana considera suyo, cualquier solución práctica que Guyana pueda realistamente ofrecer será siempre una cesión reducida del territorio en reclamación.
Al respecto es bueno recordar que, en 1977, en las negociaciones entre Isidro Morales Paúl y el Canciller Fred Wills, el gobierno Burnham aceptó, en privado, discutir la hipótesis de ceder a Venezuela un territorio entre 15.000 y 5.000 Km2, con costa adyacente al estado Delta Amacuro, con relevante proyección en áreas marinas y submarinas, a cambio de ventajas económicas. Muchas de estas ventajas, por cierto, durante las últimas décadas, han sido concedidas a Guyana, a cambio de nada. Pero, es evidente que aceptar bilateralmente una porción reducida de territorio, implicó e implicará siempre, para cualquier gobierno venezolano, costos políticos internos muy elevados.
En el 2026 o en el 2027, la Corte Internacional de Justicia dictará su sentencia. Maduro afirma que no respetará esa sentencia y que Guyana estará obligada a negociar con Venezuela. Guyana ciertamente negociará, particularmente la delimitación de áreas marinas y submarinas, pero muy probablemente, a la luz de una sentencia de la CIJ a su favor y el respaldo de la mayoría de la comunidad internacional. La obra de De Toma detalla en profundidad las implicaciones geopolíticas y los intereses económicos involucrados en la controversia.
En efecto, hay que subrayar que, independientemente de la reclamación del Esequibo, en los centenares de miles de kilómetros cuadrados de la Zona Económica Exclusiva y de la Plataforma Continental que proyecta el territorio venezolano del Delta del Orinoco, hay inmensos recursos petrolíferos y Guyana ha concedido arbitrariamente vastas concesiones a transnacionales que incluyen áreas marinas y submarinas que proyectan tanto el territorio esequibo, como el estado venezolano del Delta Amacuro. Por tanto, la defensa de nuestra fachada atlántica y de nuestra salida libre al Atlántico debe y deberá ser un imperativo para cualquier gobierno venezolano.
@sadiocaracas
