El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, estimó hoy que el país petrolero ha perdido al menos 15.000 millones de dólares por tramas de corrupción descubiertas durante su gestión, que empezó en agosto pasado al ser designado en el cargo por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Durante la entrega de su memoria y cuenta ante la ANC, el fiscal explicó que la cifra en cuestión es «sumamente cauta y prudente» y se refiere solo a los casos de corrupción dentro de la estatal petrolera PDVSA, el ente regulador de las divisas Cencoex y la Banca Privada de Andorra.
«Solo sumando estas tres tramas de corrupción, en lo que hemos judicializado en cinco meses, (…) pudiéramos calcular que estas tramas le han causado un daño patrimonial al país superior a los 15.000 millones de dólares», afirmó tras criticar la gestión de su antecesora, Luisa Ortega Díaz.
Señaló que por estos casos se han ocupado 25 empresas y hay cien detenidos, entre ellos 21 por fraude con la adquisición de divisas y 76 funcionarios de PDVSA, de los que 21 ocupaban altos cargos, incluidos dos expresidentes de la estatal.
Según datos del Ministerio Público, entre agosto pasado y febrero de 2018, 14 fiscales fueron puestos a la orden de la Justicia por delitos como extorsión y abuso de poder.
Saab, militante chavista y exdefensor del Pueblo, aseguró que bajo su mando la Fiscalía aumentó el número de arrestos por delitos económicos y se duplicó el promedio mensual de incautación de drogas, así como las solicitudes de órdenes de aprehensión.
«Para nosotros es un punto de honor la recuperación del patrimonio nacional, por ello se está trabajando en los proyectos de demandas civiles a fin de recuperar el 100 % del dinero» envuelto en tramas de corrupción, sostuvo.
El fiscal informó también que fueron detenidos 28 funcionarios por la violencia que se desató en Venezuela entre abril y agosto pasado en medio de protestas antigubernamentales que dejaron más de 130 muertos.
Por último, presentó a la ANC cuatro propuestas de ley para proteger a los animales, a los campesinos, a las personas con discapacidad y un esquema sobre la «responsabilidad empresarial en materias de derechos humanos».
EFE
