Una nutrida agenda de encuentros con diversas organizaciones forma parte de la estrategia.
En medio de una crisis política y económica y luego del estrepitoso derrumbe de su aprobación la semana pasada a un histórico 7,7% de apoyo (sondeo para la Confederación Nacional del Transporte), la Presidenta Dilma Rousseff y su gobierno definieron una serie de medidas para enfrentar el negativo panorama, en el que incluso se ha mencionado la idea de hacerle un “juicio político”.
Según el diario Folha de Sao Paulo, la agenda de la mandataria para enfrentar la crisis, originada a partir del escándalo de corrupción de la empresa estatal Petrobras, se basa en una agenda que pretende posicionarla nuevamente ante la opinión pública. También buscará concretar alianzas con el fin de obtener apoyo político y social para desarrollar una agenda económica de recuperación, con la cual enfrentar la contracción económica de 1,2% que anunció el Banco Central para 2015 en Brasil, la peor desde 1990.
Uno de los puntos de esta ofensiva es el llamado “Todo o nada” programado para agosto, período en el cual la mandataria intensificará su agenda de viajes y reuniones con movimientos sociales para frenar el descontento, recogiendo así una sugerencia del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003 – 2011).
En esa línea, pese a que había sido anunciado un intento de acercamiento entre el ex presidente Fernando Cardoso (1995-2003) y Rousseff con el fin de “buscar conciliadores que pudiesen frenar a los líderes opositores”, de acuerdo a información publicada por Folha, el ex presidente negó estar interesado explicando que el “el momento no está para buscar aproximaciones con un gobierno, sino con la gente”.
Lo mismo hará con los empresarios, y se prevé que pueda reanudar el “conselhão”, también llamado “Grupo del futuro”, foro en el cual se reúnen algunos de los más importantes representantes de las industrias brasileñas. Rousseff pretende así hacer frente al desgaste del gobierno que se avizora para el 16 de agosto, día en que fue convocada una manifestación en todo Brasil para protestar contra la administración y pedir un juicio político (impeachment). El debilitamiento de Rousseff alcanzó su punto más complejo a fines de junio, cuando la encuensta Datafolha arrojó apenas un 10% de apoyo al gobierno, peor nivel de popularidad para un mandatario brasileño desde 1992, cuando el entonces presidente Fernando Collor de Mello fue a juicio político por corrupción y se vio forzado a dimitir.
También convocó a una reunión entre los líderes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y su aliado, el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), donde actualmente tiene a un gran número de opositores. Rousseff buscaría así el apoyo del presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB), figura clave para impulsar medidas de austeridad fiscal. En conferencia de prensa recogida por diario O Globo la semana pasada, Calheiros calificó las medidas del gobierno como “tacañas”, argumentando que un ajuste fiscal, mientras no haya crecimiento económico, es “irracional”.
Calheiros cumpliría, además, otro rol fundamental: podría influir en la opinión de tres ministros del Tribunal de Cuentas (TCU), cuyo veredicto sobre un caso de supuestas irregularidades asociadas a dineros del gobierno se dará a conocer en agosto. Lula da Silva también tendría influencia en el voto de otra ministra del mismo tribunal, por lo que la mandataria intentará acercar posiciones con el ex presidente.
Otro punto es el relativo al escándalo de Petrobras, para lo cual el Consejo de Administración de la estatal tendrá una reunión extraordinaria con el fin de discutir las fluctuaciones del precio del petróleo, a raíz del alza del dólar, que encendieron señales de alerta.
Un ítem aparte son las relaciones del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, quien ha tenido roces con el presidente del Senado y con el secretario ejecutivo de su cartera respecto de las medidas económicas a adoptar.
Fuente: LT
