Rocío San Miguel cumple un año detenida sin juicio y sin atención médica

Rocío San Miguel cumple un año detenida sin juicio y sin atención médica

Este domingo 9 de febrero se cumple un año de la detención de la abogada, experta en materia militar y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel. El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando la activista se disponía a viajar en compañía de su hija Miranda

 

La noticia sorprendió a la sociedad venezolana y diversas organizaciones defensoras de  derechos humanos levantaron su voz para exigir la inmediata liberación de San Miguel. Ningún reclamo hasta hoy ha sido escuchado por las autoridades gubernamentales.

 

Pasadas 24 horas, el Fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó a través de sus redes sociales la detención de San Miguel e informó que la activista estaba vinculada a la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “Brazalete Blanco”.

 

El abogado Juan González Taguaruco, integrante del equipo de defensores de Rocío San Miguel, informó que parte del grupo familiar de la directora ejecutiva de Control Ciudadano, también había sido detenido y acusado de graves delitos

 

En este sentido se conoció que Miranda Díaz San Miguel (hija), Miguel Ángel  San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel (hermano), Víctor Díaz Paruta (el padre de su hija) y Alejandro González (ex esposo de la activista) habían sido detenidos.

 

Una semana después todos, menos Alejandro González, fueron excarcelados. El tribunal de la causa fijó como lugar de reclusión el Helicoide, para Rocío San Miguel, y la sede de la DGCIM, para González. Recientemente versiones de prensa indicaron que González se encuentra recluido en el Internado Judicial Rodeo I, ubicado en el estado Miranda, lugar que se acondicionó para recluir a un importante número de presos políticos y sobre el cual pesan denuncias de tratos crueles e inhumanos.

 

En la actualidad la hija, los dos hermanos y el ex esposo de Rocío San Miguel se encuentran excarcelados y sometidos a medidas judiciales de presentación periódica y prohibición de salida del país, entre otras restricciones.

 

El Tribunal Segundo con competencia en materia de Terrorismo del Área Metropolitana de Caracas imputó a Rocío San Miguel los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y Asociación para delinquir mientras que a Alejandro González se le acusó de Revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la Nación, Obstrucción a la administración de justicia y Asociación para delinquir.

 

10 meses después filtran fotografías

 

El pasado 10 de diciembre de 2024, cuando se cumplían 10 meses de la detención arbitraria de San Miguel, el portal de noticias Alberto News, filtró 3 fotografías en las cuales se observa que la activista está siendo examinada desde el punto de vista médico y sometida a una radiografía.

 

En una de las gráficas se ve a la directora de la ONG Control Ciudadano, visiblemente demacrada, mostrando un pequeño letrero en el cual se lee: “Lunes 09-12-2404, 7:00 am”.

 

 

Dicha información, en la práctica, fue interpretada como una fe de vida de Rocío San Miguel, la única que se ha tenido hasta el momento. Se presume que las fotos, las cuales violan la privacidad de la detenida, fueron tomadas dentro del Helicoide, lugar donde se encuentra recluida desde febrero de 2024.

 

En esa fecha, diciembre de 2024, la versión oficial indicó que la activista de derechos humanos padece de laberintitis, razón por la cual se cayó de sus propios pies y se fracturó el hombro derecho. Ese día se le practicó una tomografía axial computarizada más reconstrucción en 3D de hombro derecho con suspensión de la cabeza.

 

Tras los resultados, se evidenció una deformidad en borde inferior de la glenoides de hombro derecho compatible con fractura de larga data», indicó el portal Alberto News.

 

 

Se supone que después de practicar los mencionados exámenes médicos Rocío San Miguel sería  sometida a una intervención quirúrgica a efectos de corregir la deformidad que presenta en el hombro derecho, pero hasta los momentos eso no ha ocurrido, en consecuencia, debe seguir sufriendo de intensos dolores y limitaciones físicas.

 

Medida humanitaria urgente

 

Durante la última semana diversas organizaciones de derechos humanos, como PROVEA y Espacio Público, entre otras, emprendieron una campaña en redes sociales para exigir que la directora ejecutiva de Control Ciudadano sea objeto de una medida humanitaria que le permita recibir atención médica adecuada, ser intervenida quirúrgicamente en libertad en un centro de salud privado y con profesionales de confianza.

 

Provea, organización con más de 36 años de trayectoria en defensa de los derechos humanos, escribió en su cuenta de la red social X: “Rocío tiene una fractura en el hombro derecho y necesita operarse”.

 

Cabe destacar que en varias ocasiones el Hashtag #MedidaHumanitariaParaRocio fue tendencia durante varios días.

 

 

Rocío San Miguel, es una ciudadana venezolana-española que posee medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2012. Tanto la CIDH como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han exigido respeto de sus derechos fundamentales y de garantías procesales en su caso, pero hasta los momentos todas las solicitudes han sido en vano: sus abogados no han tenido acceso al expediente, el juicio en su contra no ha comenzado, se desconoce si la audiencia de presentación fueron virtuales o presenciales, quién es su defensor (a) público y cómo es el régimen de visitas.

 

Control Ciudadano es una asociación civil cuyo objetivo es la supervisión de los ciudadanos en temas de seguridad nacional, de defensa y de las Fuerzas Armadas. De igual forma supervisa los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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