Un salario en torno a los 30 dólares mensuales (según tasa del Banco Central de Venezuela), un bono vacacional que apenas llega a los 10 dólares, el pago de ayudas del Estado por fuera de la nómina del Ministerio de Educación (lo que impide que cotice como salario); la incapacidad que tienen los docentes, por razones de supervivencia, de cumplir el horario laboral (el llamado «horario mosaico»); un estimado de 2,8 millones de niños y jóvenes fuera del sistema escolar, la falta de docentes (según análisis de la UCAB se necesitarían 200.000 nuevos profesores) y el bajo rendimiento académico de los estudiantes (medido por especialistas) son algunos de los datos que con mucho esfuerzo (por ausencia de estadísticas oficiales) han podido levantar especialistas, ONG y ciudadanos que trabajan con la educación en Venezuela, como parte de un compromiso, a veces cercano a la pasión personal, por comprender la verdadera situación de la educación pública, intentar hacer frente a esta urgencia y trazar los planes para la recuperación de la calidad educativa, uno de los temas que serán vitales en el proceso de reconstrucción de una nación que supere el delirio dictatorial que ahora nos gobierna.
Tal como lo describen los especialistas, lo que ocurre con la educación en nuestro país va más allá de carencias puntuales y falta de presupuesto. Es la evidencia de una estrategia política que la relegó a los últimos lugares en sus prioridades de gestión pública, dejando un panorama desolador. Los malos datos en educación, que apenas podemos entrever (todavía falta por investigar) son el resultado de una política de Estado que suprimió los derechos sindicales de los trabajadores públicos con el llamado Instructivo Onapre (donde se estandarizó, en el listón más bajo, los beneficios logrados por los sindicatos venezolanos) que empujó a la pobreza a miles de trabajadores que debieron abandonar su vocación. Es el resultado de una estrategia de Estado que acosó, persiguió y expulsó del país a líderes sindicales del sector educativo, es la consecuencia del desmontaje de la infraestructura, es el producto del anquilosamiento de un pensum de estudio anacrónico, en definitiva, es el «logro» de un régimen interesado en convertir a los colegios públicos, intervenidos por el partido de gobierno, en viveros de niños y adolescentes ideologizados, en su delirante búsqueda de una generación de relevo que le sea leal al dictador Maduro.
Uno de los efectos más peligrosos es la desconexión, que empieza a percibirse en algunos jóvenes, entre educación y futuro. Nuestro sistema educativo no prepara para el trabajo, no ayuda a tomar decisiones en la vida, no alienta la formación de ciudadanos críticos y no parece ser una garantía para superar la pobreza o sobrellevar la crisis humanitaria que atraviesa nuestro país. A pesar del esfuerzo que hacen muchos padres, organizaciones de la sociedad civil y universidades, hay una evidente tendencia a que nuestras escuelas se conviertan en manufacturas de títulos académicos. En el momento más importante de la formación de una persona, la educación que está ofreciendo la dictadura es un recurso inútil frente a un sistema que premia los contactos con el poder y el partido de gobierno, más que la formación y las credenciales profesionales. Nos estamos convirtiendo en una sociedad premoderna donde las relaciones personales y la lealtad al poderoso se presentan como la mejor garantía de supervivencia y éxito personal.
Es necesario entender que la situación de la educación pública en Venezuela no es un accidente, un vaivén en las estadísticas o el resultado de las sanciones impuestas contra Miraflores por un grupo de países democráticos. Por el contrario es el mejor y quizás el más doloroso ejemplo de la capacidad destructiva de un régimen que ha gobernado sin los contrapesos de una democracia, con una estrategia improvisada, de espalda a los especialistas y atrincherada en contra de la sociedad. La violencia desplegada por el ministro de Educación, enemistado con el magisterio venezolano (ha despedido a más de 50 mil educadores activos según la Federación Venezolana de Maestros) es la confirmación de que el desmontaje del llamado «Estado docente» es la consecuencia del régimen que nos gobierna caracterizado por la mala administración de los recursos, la improvisación, la corrupción, la paranoia sobre su entorno y la violencia de Estado, una enfermedad que se ha extendido a todas las áreas de la administración pública, llegando también a la educación universitaria, a través de políticas populistas para el ingreso universitario, la asfixia financiera, la persecución de docentes críticos y los constantes intentos por violentar la autonomía universitaria.
La dictadura que gobierna Venezuela se ha convertido en un especialista en la demolición del futuro de la sociedad venezolana tal y como queda evidenciado en nuestra educación pública y por eso debemos insistir en que el cambio político y el retorno de la democracia es un asunto de supervivencia personal para todos los venezolanos.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
Si quieres conocer un poco más sobre la situación de la educación en Venezuela te invitamos e revisar el Proyecto Reto País de la Universidad Católica Andrés Bello y su Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea.
Roberto Patiño
