El ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, ofreció su visión política sobre cómo la política y la economía son afectadas por la corrupción y la oposición, que presume busca que los venezolanos “se aíslen” del panorama político nacional.
Asimismo asegura que la lucha anticorrupción es banalizada por sectores de oposición por varias razonez, entre ellas porque asegura que “por un lado hay diputados y dirigentes del antichavismo metidos hasta los tuétanos en algunos escándalos, entonces presentan la corrupción como si fuese un tema de dimes y diretes, de una pelea entre grupos corruptos de varios colores”.
Cuando se evalúe a la distancia la gestión del presidente Nicolás Maduro, habrá que enumerar, entre las primeras empresas, la lucha contra la corrupción. ¿Cómo aplica esa lucha en el aparato industrial que administra el Estado?
— Es un tema estructural. La lucha contra la corrupción forma parte de una etapa de profundización de la Revolución Bolivariana, porque tiene que ver con las raíces éticas del socialismo. Nosotros queremos insistir sobre esto: los que son corruptos no son revolucionarios. Eso es una negación, una contradicción de base; no puede existir un corrupto que sea socialista, bolivariano.
El que es socialista es honesto, es solidario; cree en la posibilidad del desarrollo de la patria, en los intereses colectivos por encima de los particulares. En el caso de nuestras empresas básicas de Guayana, el presidente tuvo indicios de una situación irregular y procedió. Luego de la investigación, no solo destituimos funcionarios de alto y medio nivel, sino que fueron imputados y el caso llegó hasta la Fiscalía y tribunales. Es decir, los casos no se están quedando en la destitución, sino que el Estado solicita la actuación del sistema judicial.
—¿Se refiere a lo ocurrido en Ferrominera del Orinoco? ¿Qué ha pasado sobre ese caso?
—Sí, sobre ese caso en particular, hay 13 personas imputadas; de estas, ocho están detenidas y cinco son ahora prófugos de la justicia.
Hemos demostrado que los revolucionarios estamos convencidos de que se debe investigar la corrupción, esté donde esté, caiga quien caiga. Sin embargo, otros sectores del país han adoptado una posición de protección y complicidad cuando las personas involucradas en algún caso de corrupción son amigos o partidarios de su parecer político. En la Cuarta República nunca había detenidos dentro del propio gobierno, eso ocurría solo cuando un partido le pasaba factura a otro.
—¿Por qué cree que la oposición oculta el tema de los detenidos, de los resultados concretos en la lucha contra la corrupción?
—La derecha banaliza esta lucha por dos razones fundamentales: por un lado hay diputados y dirigentes del antichavismo metidos hasta los tuétanos en algunos escándalos, entonces presentan la corrupción como si fuese un tema de dimes y diretes, de una pelea entre grupos corruptos de varios colores. Por otra parte, creo que esos sectores tienen la intencionalidad de regresar al esquema donde la sociedad se sentía asqueada de los políticos.
La población venezolana en promedio es muy joven. Quizá algunos no recuerdan los finales de los 80 y principios de los 90, pero, entre otras cosas, fue un momento donde se generó todo un escepticismo sobre la política y eso fue lo que permitió que algunas élites se adueñaran del control de la cosa pública, sin que tuviera cabida la participación popular, la lucha por los derechos colectivos.
—¿Qué pasaría ahora si la gente comienza a sentirse así: asqueada de la política?
— Si la gente se asquea de la política, no participa. Si no participa, retornarían los llamados amos del valle, retornarían las oligarquías, los grandes apellidos. Ellos (la derecha) saben que cuando el pueblo se abstiene de participar en los procesos electorales, que si el pueblo chavista no participara, se amplían sus opciones de triunfo electoral. Por eso, estando bien claro sobre esto, el presidente Chávez le dijo a nuestro presidente actual: “Nicolás, te encomiendo las comunas. Comuna o nada”.
—¿Por qué no es compatible un gobierno de derecha con organizaciones populares como los consejos comunales, con la participación directa del pueblo en la gestión pública?
— Porque no creen en la capacidad del pueblo para administrar una empresa. En nuestro caso, creen que el Estado no tiene cuadros preparados para hacerlo tampoco. Están convencidos de que solo ellos saben cómo hacerlo.
Por eso la derecha busca que el pueblo de Venezuela vuelva a aislarse de la política, vuelva a sentir que lo público no le pertenece, que lo público, a pesar de representar los intereses de todos, sea entendido como competencia exclusiva de lo que ellos llaman “gente preparada”, gente con competencias exclusivas, con una genética especial, dotados de la razón. Los demás somos una especie de fauna, una entelequia, que es buena para trabajar, para votar, para cultivar el campo, pero no para decidir las cosas de la política.
Nosotros (socialistas), por el contrario, seguimos creyendo y estamos casados con la idea de evolucionar de la democracia representativa (los ciudadanos se limitan a votar) hacia la democracia participativa y protagónica (las comunidades organizadas administran recursos públicos y toman decisiones), por eso es vital que todo el pueblo esté enamorado de la política y se sienta motivado a participar en la resolución de los problemas de la sociedad.
—¿Es una cuestión de modelos?
—Claro, esa creencia de que unas clases están “mejor dotadas” que otras para administrar el Estado, no es que se me ocurre a mí ahora, es una premisa de la doctrina del pensamiento Neoliberal. Mira: los modelos de los siglos 18 y 19 nacían de esa concepción de valores; modelos donde, por ejemplo, se podía comprar a la Corona la ciudadanía de los blancos criollos, y con eso también comprabas el derecho de votar. Son los mismos criterios de valor.
Pensemos también cuando los amos de los Valles de Aragua, del Litoral Central, se adueñaron de esas tierras y dejaron a los campesinos las laderas para que tuvieran su conuco, porque era bueno tenerlos cerca, tenerlos como mano de obra barata. Y los de ahora son los mismos, las mismas familias, la misma burguesía amarilla.
—Hay personas, ciudadanos de clase media, incluso de sectores menos pudientes, que han llegado a creer en esas premisas, en la “superioridad” casi genética, moral, intelectual, de unas clases sobre otras
— Yo le recordaría a esas personas que estas élites ya gobernaron; que es la misma gente que, en el caso de nuestras empresas básicas de Guayana, decidían quiénes tenían derecho y quiénes no de ser dueños de los recursos de los venezolanos. Allí en Guayana hay un cerro que desapareció íntegro, completo, se montó en barcos y salió del país como exportación, porque existía toda una arquitectura para el saqueo, como lo describe Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina.
—La derecha sigue planteando que estas empresas deben ser privatizadas, que el Estado no puede hacerlas productivas
—El fin último de esa idea, de la privatización, es servir en bandeja nuestros recursos a los intereses transnacionales. ¿Y qué es lo que siempre quisieron las transnacionales? Que nosotros exportemos la materia prima (hierro, aluminio, acero). Hasta ahí. Que no hagamos nada por procesarla, por convertirla en vigas, cabillas, perfiles.
Las transnacionales prefieren que nos limitemos a venderles el hierro para que lo conviertan en carros, lavadoras, cientos de productos, y que luego, además, nos lo puedan retornar a nuestros mercados para que se los paguemos a precios siete veces superiores de lo que nosotros les vendimos la materia prima. Que las transnacionales hagan esos cálculos es, de alguna forma, comprensible, pero lo que más entristece es que una clase económica, que cree que, por haber nacido en Venezuela, eso los hace venezolanos, defiendan esos intereses, sin importarles que aquello lesiona los intereses de su propio país.
—¿Cómo se concibe el tema de las exportaciones ahora?
Permíteme explicar algo primero. Del Cerro Bolívar se extraen lo que llamamos finos (especie de arenilla de hierro) y gruesos (parecidos a rocas pequeñas). Éstos se transforman luego a pellas (similares a metras) y briquetas (una presentación de hierro compactado, parecida en tamaño a un jabón de baño). Nosotros no tenemos nada contra las exportaciones, pero no vamos a exportar más ni finos ni gruesos (materia prima). Cuando lleguemos a las metas que están planteadas en el Plan de la Patria (plan de gobierno concebido por Chávez para el período 2013-2019, y asumido por Nicolás Maduro), la exportación de finos y gruesos va a llegar casi a nada, porque la idea es elaborar las vigas, las cabillas, o sea, productos elaborados.
Si hacemos un esfuerzo sostenido, en dos o tres años las empresas básicas estarán aportando al país entre 3 mil y 4 mil millones de dólares al año por concepto de ganancias.
—Volviendo al tema central, másallá del caso puntual de Ferrominera, ¿qué mecanismos anticorrupción están planteados dentro de las empresas del Estado?
— Hemos planteado la necesidad, no solo de meter presos a los corruptos, sino de cambiar las reglas del juego que han permitido que se imponga la corrupción. Nosotros estamos partiendo de un principio: muchos de los trámites, de los procesos engorrosos, son fuente para la corrupción y por eso nosotros, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, estamos casados con la simplificación de trámites; los que no sean estrictamente necesarios, deben ser eliminados. Hay otro tema: la discrecionalidad (dejar a criterio de funcionarios con autoridad la decisión de fijar precios, por ejemplo). En cualquier sitio donde haya discrecionalidad hay un boquete para que exista la corrupción. Tenemos una visión clara sobre eso.
—¿Y qué han hecho para corregir estas dos variables?
— Acabamos de nombrar la Comisión Soberana de Comercialización (Gaceta Oficial 40.226). Es un nuevo esquema para comercializar los productos generados en las empresas básicas de Guayana. A diferencia de los métodos anteriores, el Estado es el que fija los precios; un precio único, según tipo de producto, que por supuesto, varía en el tiempo. Por otra parte, los recursos de las ventas son depositados en una cuenta del Banco Central, lo cual garantiza el retorno de ingresos a las empresas para gastos operativos y de inversión. Estos ingresos en dólares pueden ser subastados mediante el Sicad, con previa autorización del presidente de la República.
—¿Cómo funcionaba el esquema anterior?
—Existía la discrecionalidad; el precio era fijado por algunos funcionarios, incluso por debajo de los precios referenciales en el mercado internacional. Existían intermediarios; muchas veces empresas de maletín compraban los productos y los revendían. Estos métodos son parte de las investigaciones que hace ahora la Fiscalía.
—Algo similar había antes del nuevo sistema Venezuela Productiva Automotriz
—Sí. Venezuela Productiva Automotriz reúne los mismos principios que la Comisión Soberana de Comercialización. ¿Qué principios? Centralización, no discrecionalidad. Reglas claras y transparentes. Es una sola cola: la gente se inscribe en una plataforma electrónica; las peticiones son enviadas a la banca pública en orden estrictamente cronológico, tomando en cuenta los lotes de vehículos producidos; los precios son únicos, son los que están publicados allí; y cuando el banco tiene una respuesta, se le dice al solicitante: se eliminó la factura proforma, que era un mecanismo que permitía tener control previo a la venta, tenía un valor económico, así que la eliminamos. Estamos enviando 3 mil expedientes por mes. Claro, hay algunos que retornan porque no cumplen con las condiciones.
—Con respecto a la simplificación de trámites, ¿hay cambios concretos?
—Tenemos las taquillas únicas. Con esto, hemos logrado gestionar allí más de 350 mil trámites del área productiva. En estas taquillas confluyen todas las instituciones para que las personas puedan procesar los trámites en un solo lugar. Por instrucciones del canciller, Elías Jaua, vamos a instalar una en Guasdualito (Apure, frontera con Colombia). Ahora tenemos una en la esquina El Chorro, de Caracas, en Zulia, Anzoátegui, Barinas, y próximamente en Lara, Aragua y Carabobo. Es decir, en sitios donde se concentra la actividad productiva.
Por otra parte, estamos tratando de migrar hacia los trámites electrónicos. Allí también, en las taquillas únicas, instalaremos terminales de computadora para que la gente sea instruida sobre la forma en que pueden hacer sus trámites desde la casa o el trabajo. ¿Qué nos falta en las taquillas únicas? Simplificar los trámites, pero hacia allá vamos.
— ¿Qué ha pasado con los certificados de no producción?
—Eso también se ha automatizado, hemos podido bajar el teimpo del proceso a 17 días la asignación de un CNP.
Fuente: Noticias al Día
