Son infinitas las argucias del régimen para impedir la realización del referéndum revocatorio de Nicolás Maduro. De ellas no se puede hacer una clasificación cabal, debido a su variedad y a su grosor. En su casilla cabe cualquier cosa: desde la negativa sin razonamientos hasta el ejercicio público de la violencia. Sin embargo, en esta ocasión destaca la excusa desembuchada por uno de los líderes del PSUV, Elías Jaua, con motivo del aniversario de la Asamblea Constituyente de la que él formó parte. No tiene desperdicio.
Se supone que una Asamblea Constituyente se reúne para ofrecer a la sociedad un conjunto de regulaciones mayores y trascendentales, de carácter general, que se entrega a los ciudadanos en la entrada de un proceso nuevo y prometedor para que se desenvuelvan en conjunto según unas pautas pensadas para todos, sin diferencias ni exclusiones.
Una Constituyente se ocupa de las normas genéricas y superiores, a partir de las cuales se puede fundar una convivencia enaltecedora, distinta de la anterior. Pero no es así de acuerdo con la interpretación que ha hecho Jaua del referéndum revocatorio que lleva a Nicolás Maduro por la calle de la amargura.
El revocatorio no tiene intención general ni propósito concerniente a todo tipo de situaciones de descontento ciudadano que ameriten la salida de la inconformidad a través de la remoción de la causa que las provoca. El revocatorio no se incluyó en la Constitución para salir de los gobernantes chavistas, aún cuando se lo merezcan de sobra, sino únicamente de los regímenes que no son “populares”. Un gobierno “popular” no está sujeto a revocatorio, de acuerdo con el ilustrado y sabio constituyente. Solo se pueden revocar el administrador o las administraciones que no son “populares”, es decir, aquellas que, según el parecer del declarante, sean “burguesas”, o “reaccionarias”. Tal es la interpretación del cabecilla de un partido, ahora metido a constitucionalista.
El descontento popular tiene que esperar la opinión de Jaua y de sus compañeros antes de intentar un revocatorio. Ellos deciden, después de determinar las excelencias y los dislates de un gobierno, si se puede o no proceder a sacarlo del juego. La ciudadanía debe esperar el juicio imparcial de los corifeos del PSUV, dirigidos por un esclarecido hombre de leyes y letras, por un campeón de la amplitud y el civismo, para ponerse a molestar al CNE con sus urgencias y con sus angustias.
Pero la espera será un simple trámite, claro está, porque ya sabemos que el destacado personaje y sus compinches proclamarán al gobierno de Maduro como el más “popular” de la historia de Venezuela, es decir, como la excepción de la norma revocatoria que se ha incluido en la carta magna.
Aunque se trate de un dislate sin comparación, de una interpretación estrafalaria y sin fundamento lógico o legal, el PSUV insistirá en incluirlo entre sus escollos preferidos ante el arrollador revocatorio que los amenaza. De allí que ahora lo distingamos, no sin preocupación, en el repertorio de las variadas zancadillas que debe enfrentar la ciudadanía para despedir al peor gobierno “popular” de que se tenga memoria.
Editorial de El Nacional
