La petrolera estatal venezolana PDVSA ha acumulado 21.200 millones de dólares en cuentas por cobrar, según documentos vistos por Reuters, después de recurrir a decenas de intermediarios poco conocidos hace tres años para exportar su petróleo bajo las sanciones de Estados Unidos.
La revelación interna de la enorme cantidad de ventas aún no liquidadas -alrededor del 84% del valor total de los envíos facturados de PDVSA- revela por primera vez la profundidad de las pérdidas de ingresos, debido a la retirada de los compradores establecidos de la petrolera desde 2020.
La magnitud de las cuentas por cobrar explica la congelación en enero de los contratos de suministro por parte del recién designado presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, que trató de detener los cargamentos no pagados inmediatamente después de asumir el cargo.
Una serie de intentos de endurecer las condiciones contractuales se produjeron después de que algunos buques se fugasen sin pagar en los últimos años.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aceptó el lunes la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien sirvió al gobierno durante dos décadas, en medio de una investigación de corrupción centrada en PDVSA y el poder judicial. En los últimos días, la investigación se ha saldado con el encarcelamiento de decenas de funcionarios.
El Aissami ha dicho que colaborará con la investigación.
Según documentos aportados a la fiscalía general de Venezuela durante una larga auditoría de los contratos de PDVSA, de un total de 25.270 millones de dólares en exportaciones de petróleo entre enero de 2020 y este mes, PDVSA sólo ha podido confirmar la recepción de 4.080 millones de dólares en pagos, excluyendo algunos swaps con Cuba, lo que significa que sólo ha cobrado con éxito el 16% de las exportaciones, según los documentos vistos por Reuters.
Potencialmente irrecuperables
Los 21.200 millones de dólares en cuentas comerciales por cobrar incluyen unos 3.600 millones de dólares de facturas potencialmente irrecuperables vinculadas a petroleros que salieron del país sin pagar por adelantado al menos una parte del valor de los cargamentos, aunque los clientes habían aceptado esas condiciones, según los documentos.
Las cuentas por cobrar también incluyen un saldo pendiente de pago por Irán por su recepción de cargas de Venezuela desde 2020 como parte de un intercambio de petróleo entre los dos países, muestran los documentos.
Algunos clientes han luchado contra el recuento de pagos fallidos de PDVSA proporcionando documentos de apoyo que no habían sido registrados en el sistema de administración de contratos de la empresa estatal, dijo una fuente de la compañía.
PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Durante la auditoría, los departamentos de Finanzas Internacionales y Rendición de Cuentas de PDVSA dijeron que, según la documentación registrada por el sistema de contratos de la empresa, ejecutivos de la división de Comercio y Suministro habían estado autorizando la salida de cargamentos de aguas venezolanas sin completar el proceso de verificación de pagos.
Ejecutivos detenidos
El ex vicepresidente de Suministro y Comercio de PDVSA, Antonio Pérez Suárez, y unos 20 ejecutivos que trabajaban a su cargo han sido arrestados, según fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por Reuters.
La agencia británica no pudo ponerse en contacto con ningún representante de Pérez Suárez para obtener sus comentarios.
Cuando Estados Unidos impuso por primera vez sanciones petroleras a PDVSA en 2019, en un esfuerzo por derrocar a Maduro tras una reelección que fue denunciada como una farsa por opositores, la petrolera estatal venezolana recurrió a unidades de la rusa Rosneft para comercializar la mayor parte de sus ventas a Asia y compensar la pérdida de su principal mercado, Estados Unidos.
Pero esas unidades de Rosneft se enfrentaron a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2020, lo que obligó a PDVSA a recurrir, primero, a una red de intermediarios con sede en México que también fue sancionada por Washington, y más tarde a decenas de intermediarios menos conocidos, lo que agravó el problema de facturación.
2001
