Tres relatores especiales y dos grupos de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortaron a las autoridades de Venezuela a reconsiderar la denuncia del Estatuto de Roma, advirtiendo que esta medida pone en grave riesgo el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación frente a crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio.
La exhortación se formalizó mediante la comunicación AL VEN 3/2026, enviada al Estado venezolano el 18 de agosto de 2026. El documento, difundido por la ONG Provea, se hizo público tras vencer el plazo reglamentario de 60 días sin que las autoridades emitieran una respuesta oficial sobre el retiro anunciado el pasado 24 de julio.
Los expertos internacionales recordaron que, de acuerdo con el artículo 127 del instrumento, la salida solo surte efecto un año después de su notificación. Durante ese lapso, el Estado mantiene intactas sus obligaciones. Asimismo, aclararon que la denuncia no anula la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los delitos cometidos previamente, ni suspende el deber de cooperar con las investigaciones ya iniciadas.
El documento fue suscrito por los relatores sobre ejecuciones extrajudiciales, independencia judicial, y promoción de la verdad y la justicia, junto a los grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas y discriminación hacia mujeres y niñas. En el texto, exigieron al Estado detallar cómo garantizará recursos efectivos a las víctimas, los mecanismos para investigar y enjuiciar a los responsables, y las medidas de cooperación internacional orientadas a la rendición de cuentas.
