En medio del proceso de renovación de dos de las instituciones más relevantes para el Estado de derecho en Venezuela, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, hizo un llamado urgente para que la designación del nuevo Fiscal General y del Defensor del Pueblo se realice bajo estrictos criterios de mérito, integridad y en pleno cumplimiento de la ley.
A través de un mensaje difundido en sus redes oficiales, Satterthwaite destacó el papel “crucial” que estos cargos desempeñan en la garantía de los derechos humanos y el estado de derecho, por lo que instó a la Asamblea Nacional y a los actores involucrados a asegurar un proceso transparente y ajustado a los estándares internacionales aplicables.
#Venezuela—Venezuela debe garantizar que el mérito y la integridad demostrados sean la base para el nombramiento de Fiscal General y Defensor del Pueblo del país el 27 de marzo. Dado el papel crucial que desempeñan estos dos cargos en la salvaguarda de los derechos humanos y el…
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) March 25, 2026
Los nombramientos se producen tras la renuncia del fiscal general Tarek William Saab y del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, ambos vinculados al chavismo, el pasado 25 de febrero, desatando atención tanto política como institucional sobre el procedimiento de selección.
La Cámara Legislativa, controlada por el oficialismo, anunció la prórroga de 48 horas para que el Comité de Postulaciones continúe evaluando a los candidatos. Su presidente, Jorge Rodríguez, admitió dificultades para alcanzar consensos, a pesar de señalar que “casi 60 aspirantes cumplen los requisitos”.
Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales han cuestionado la falta de transparencia en el proceso. En un comunicado, advirtieron que la conformación del Comité por diputados oficialistas, sin participación de sectores sociales, “anula la pluralidad e independencia del proceso” y puede abrir la puerta a designaciones basadas en lealtades políticas más que en méritos profesionales”.
Las ONG también señalaron que, aunque se ha publicado una lista con más de 130 postulaciones, no se han dado a conocer públicamente ni el reglamento ni los criterios de evaluación, lo que limita el escrutinio público y debilita la legitimidad de la selección.
