La Asamblea Nacional (AN) sancionó la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, normativa que introduce la creación de una superintendencia especial encargada de regular el proceso de autogeneración y fijar las tarifas correspondientes. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, precisó que el nuevo marco legal establece un régimen sancionatorio contra las fallas en el servicio, afectaciones a la red pública y ofertas engañosas, al tiempo que abre paso a la participación del sector privado en la autogeneración sin que ello implique la privatización del sistema nacional.
Por lo tanto, la superintendencia especial atenderá el proceso de autogeneración y tarifas correspondientes a fin de que no se perjudique en modo alguno el Sistema Eléctrico Nacional, ni la red de distribución del sistema de energía eléctrica.
Asimismo, Rodríguez mencionó que se estableció un régimen sancionatorio en el cual se establecen aquellas penalizaciones que se refieran a que no se cumpla con el servicio de forma adecuada, que se afecte la distribución del sistema público de energía eléctrica y a que haya una oferta engañosa en ese proceso.
Tarifas y subsidios
El parlamentario indicó que la Ley contempla un régimen de subsidios para proteger a las personas que, por su nivel de ingresos, no puedan pagar la tarifa plena, como sí la pueden pagar los sectores industriales y aquellas personas que tienen actividad comercial.
Asimismo, Jorge Rodríguez explicó que esta normativa no promueve la privatización del Sistema Eléctrico Nacional, sino una apertura para que el sector privado participe: «la ley no promueve, en modo alguno, la privatización, sino que da apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación, a la autogeneración de electricidad y puedan, en ese sentido, obtener algún tipo de transacción comercial sobre esa electricidad».
El presidente de la Asamblea Nacional explicó que las diputadas y diputados de la Comisión de Servicios realizaron un proceso de consultas amplias con los posibles prestadores de servicio, con los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Energía Eléctrica y, de manera principal, con las usuarias y los usuarios del sistema de energía eléctrica.