“El control civil en sentido objetivo consiste en maximizar el profesionalismo militar”, afirma Samuel P. Huntington en su libro canónico The Soldier and the State (1957). Explica que la dedicación a las funciones militares y la neutralidad política permiten reducir la intervención castrense en los asuntos de gobierno. En Venezuela hemos seguido el camino contrario: los militares ocupan cargos que corresponden a los civiles en ministerios, empresas del Estado e institutos autónomos. Así ha ocurrido en la conducción de Pdvsa y de Corpoelec, empresas que han estado presididas por militares. En estos momentos vemos que hasta la presidencia del Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, está en manos de un militar. Esto pese a que es una responsabilidad de naturaleza civil que debe ser encomendada a juristas. Esa expansión del poder castrense debilita el control civil.
Ante esa realidad, cobra fuerza la pregunta de Huntington: “¿Cómo puede reducirse al mínimo el poder militar?”. Su respuesta apunta a la profesionalización, que permite distinguir el servicio a las instituciones de la fidelidad a un partido. El militar profesional respeta los valores republicanos y sirve bajo gobiernos democráticos de distinta orientación. Su preparación castrense no le confiere el derecho a decidir quién puede gobernar.
Para Venezuela, la tarea exige recuperar la conducción civil de esos organismos y asegurar la subordinación militar a las autoridades elegidas por el voto popular. De ello depende, en buena medida, que la transición pueda sostenerse y que las armas respeten lo que decidan los ciudadanos.
El 18 de octubre de 1945 permite examinar las consecuencias de haber dejado pendiente esa subordinación. A ochenta y un años de aquella fecha, su herencia sigue siendo contradictoria. El proceso iniciado con el derrocamiento de Isaías Medina Angarita impulsó el sufragio universal, directo y secreto, amplió la participación política y produjo avances en educación, salud y política petrolera. Fueron conquistas que transformaron la relación de los venezolanos con el poder. Pero el golpe también confirmó a los militares como agentes determinantes de las decisiones políticas: los civiles podían desarrollar sus reformas mientras conservaran el respaldo de los cuarteles.
El derrocamiento de Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948, dejó al descubierto esa dependencia. Los militares depusieron al presidente elegido por sufragio universal, directo y secreto. Las armas podían revocar lo decidido por el voto popular.
Aquella ruptura reafirmó el militarismo como instrumento político. Rómulo Betancourt aprendió de esa experiencia y contribuyó, a partir de 1958, a construir una relación distinta entre civiles y militares. El acuerdo entre dirigentes civiles, plasmado en el Pacto de Puntofijo, el prestigio intelectual y ético de esos líderes, la fortaleza de los partidos y la cooperación de oficiales comprometidos con la democracia permitieron sostener gobiernos civiles y la alternancia política durante cuatro décadas. Esa conquista requirió autoridad, conocimiento de los asuntos militares y capacidad para enfrentar las conspiraciones.
Con el tiempo, ese equilibrio se debilitó. La crisis de los partidos políticos se acentuó cuando los políticos intelectuales que los dirigían fueron sustituidos por hombres del aparato. Ese desplazamiento produjo un profundo deterioro: el clientelismo y la corrupción relegaron el debate ideológico. El chavismo aprovechó esa crisis, llegó al poder y profundizó la intervención militar en la política y en la administración del Estado. La identificación con el proyecto gobernante penetró en la formación, los ascensos, el lenguaje y los símbolos de la institución. La fidelidad al dirigente adquirió un peso incompatible con la dignidad republicana.
Superar ese deterioro exige emprender la transformación institucional de la Fuerza Armada. Un paso fundamental es revisar los planes de estudio para eliminar el adoctrinamiento socialista y la identificación con el chavismo. Las academias deben preparar a los oficiales en las disciplinas profesionales de la defensa, entre ellas la estrategia, la logística y la ingeniería militar. Esa preparación debe integrar el conocimiento de la Constitución y el respeto a los derechos humanos con la capacitación para defender la soberanía y la integridad territorial del país. Formarlos para tomar el poder o imponer una ideología desnaturaliza su misión. Como primera señal de esa transformación, deben eliminarse las consignas partidistas del saludo militar. Modificar una ceremonia puede hacerse mediante una orden; cambiar la formación y los incentivos de una organización exige una política sostenida.
Estudiar las ideas políticas con rigor y pluralidad forma parte de una buena educación. Convertir una de ellas en doctrina obligatoria y exigir fidelidad a los dirigentes que la promueven compromete la neutralidad institucional. El oficial debe poder cumplir sus deberes bajo un gobierno cuyas ideas no comparta. Allí se prueba la diferencia entre una institución de la República y una organización al servicio de una parcialidad.
Esa misma neutralidad exige retirar de las instalaciones militares y de las oficinas públicas los retratos de Chávez utilizados como símbolos de lealtad política. El Estado está al servicio de todos los ciudadanos y sus instituciones deben expresar ese compromiso. Estas medidas deben acompañarse de una revisión de los criterios para dirigir los organismos y empresas del Estado. En sectores como el eléctrico y el petrolero, la selección de sus responsables debe fundarse en conocimientos técnicos, experiencia y capacidad de gestión. La entrega de esas responsabilidades a militares por su vinculación con el chavismo merece un debate nacional. Una solución práctica es establecer procedimientos públicos de selección, con requisitos verificables, metas de gestión y rendición de cuentas. El mérito profesional debe orientar los nombramientos
Para conducir esa transformación, el liderazgo civil necesita estudiar los asuntos militares, formar equipos y desarrollar una política que pueda sostenerse en el tiempo. También debe actuar con criterio al exigir responsabilidades individuales y reconocer a quienes cumplen sus deberes profesionales. Las acusaciones indiscriminadas contra toda la institución dificultan la cooperación necesaria para reformarla y favorecen a quienes pretenden presentar los cuestionamientos a su conducta como ataques contra la Fuerza Armada.
Sobre esa responsabilidad del liderazgo civil, Huntington formula una advertencia adicional: el control civil se dificulta cuando los grupos políticos se resisten a aceptar una oficialidad neutral y pretenden someterla a sus intereses y principios. Quienes aspiran a conducir la reforma deben renunciar a convertir a la Fuerza Armada en instrumento de su permanencia en el poder. El autor ofrece el criterio que debe orientar esa transformación: “Un cuerpo de oficiales altamente profesional está dispuesto a cumplir la voluntad de cualquier grupo civil que alcance legítimamente la autoridad dentro del Estado”. Venezuela necesita militares mejor preparados para la defensa y autoridades civiles capaces de dirigirlos con respeto a sus funciones profesionales y dentro de los límites constitucionales.
La lección del 18 de octubre sigue vigente. Las conquistas políticas y sociales serán frágiles mientras los militares puedan desconocer con las armas lo que el pueblo decide con sus votos
Ramón Escobar León
