Los recientes anuncios económicos plantean la continuidad de un régimen cambiario en la práctica, con un deslizamiento del tipo de cambio a través de las subastas del Sicad que representará una caída en el poder de compra de la moneda nacional que se irá presentando de forma paulatina, deteriorándose el poder adquisitivo del Venezolano el cual es más que palpable en el día a día al momento de adquirir los bienes y servicios básicos.
Aunque los pronósticos apuntaban a una devaluación abierta, se ha decidido aplicar un traslado de las liquidaciones por sectores a la segunda tasa cambiaria, que en estos momentos se ubica sobre los 11,3 bolívares por dólar, cerca del doble del tipo de cambio de 6,3, que se espera permanezca para los rubros básicos como alimentos y medicinas, y ciertas importaciones del sector público.
Pese a los resultados adversos, se puede anticipar la aplicación de mayores controles a la economía, incluyendo esta vez un coto a los márgenes de ganancia hasta un máximo de 30% de beneficio para cualquier actividad económica. Etapas anteriores de controles de precios han contribuido al cuadro de escasez crónica que se vive en el país en medio de un prolongado fenómeno de desabastecimiento de toda clase de productos.
La persistencia de cuellos de botella en la adjudicación de divisas para sectores tan diversos como la industria química, los medios impresos o las aerolíneas, es una señal de la importante caída que ha experimentado la liquidez en las reservas internacionales en el transcurso de los últimos doce meses. Bajo estas condiciones, se puede afirmar que el afianzamiento del control cambiario no ha resultado para evitar la fuga de capitales y mantener el equilibrio en la balanza de pagos, afectada por múltiples razones.
Es irónico que en Venezuela con un régimen de control cambiario, establecido hace poco más de diez años para tener una “correcta” administración de divisas, presente problemas de liquidez de las mismas, sobre todo cuando el precio de la principal fuente de ingreso del país ha registrado niveles record de cotización al alza.
Quedan pendientes los anuncios en cuanto al ajuste del precio de la gasolina y las tarifas de los servicios públicos, además de posibles medida tributarias. Esta perspectiva afectaría más a la población, frente a proyecciones de inflación que ubican el alza de los precios esperada para este año alrededor de 72%. Sin embargo, existe una necesidad de ajustar la tarifa del combustible, que tiene el potencial de ayudar a equilibrar el presupuesto de Pdvsa que se ve notablemente afectado por el subsidio a la gasolina.
Como un factor nuevo, cabe destacar el llamado a reactivar la actividad de la construcción entre otros motores de la economía, en conjunto con el sector privado, así como la iniciativa por confirmarse de reformar la Ley de Ilícitos Cambiarios para permitir la venta de divisas por parte de empresas privadas. Sin embargo, el persistente diferencial cambiario augura dificultades para concretar esta propuesta.
En medio de las complicaciones más profundas en el año que comienza, cabe diferenciar ciertas oportunidades puntuales en las perspectivas de exportación y producción local, tras un ciclo de pronunciando énfasis en las importaciones.
De allí que se hace imprescindible mejorar las condiciones para elevar la productividad nacional, de lo contrario seguirá el problema de oferta de productos y seguiremos dependiendo de las importaciones que lleguen, lo que no genera nada positivo en términos de precios y de competitividad.
Fuente: Banca y Negocios
