La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, acusado por el Gobierno de Rodrigo Paz de liderar una «organización criminal» de protección al «narcoterrorismo», puso en tela de juicio la labor del Ministerio Público y abrió un conflicto institucional sobre quién debe quedar al frente de la Fiscalía mientras avanza la investigación.
Dos días antes de su detención, Estados Unidos revocó el visado de Mariaca por supuesta corrupción. El fiscal rechazó las acusaciones y denunció un intento de «condicionar» o «interferir» en la labor del Ministerio Público.
Estas son las claves para explicar el caso:
1. Una gestión cuestionada
Mariaca llegó a la Fiscalía General después de haber dirigido durante cuatro años la Fiscalía departamental de Santa Cruz, un periodo en el que ya había recibido criticas por la gestión de investigaciones de repercusión pública.
Entre los casos señalados estuvo el de un vuelo que trasladó cerca de media tonelada de cocaína desde Bolivia a España en 2023, cuya investigación se cuestionó por supuestas negligencias o retrasos.
Pese a esto, en octubre de 2024 resultó elegido fiscal general por el Parlamento, entonces controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). Su elección la cuestionaron sectores de la entonces oposición, que señalaban una supuesta afinidad con ese partido.
2. Marset, el antecedente central de la acusación
El Gobierno sostiene que las sospechas sobre Mariaca y una supuesta red de protección al narcotráfico se remontan a 2023, cuando el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset logró escapar de un operativo policial desplegado para capturarlo, durante la etapa en que era fiscal departamental de Santa Cruz.
El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, señaló esta semana que los supuestos «antecedentes» de protección a la organización de Marset son anteriores a la llegada de Mariaca a la Fiscalía General.
Marset fue finalmente capturado en marzo pasado y entregado a Estados Unidos en un operativo en el que no participó la Fiscalía General. El Gobierno de Paz ha utilizado este caso y las investigaciones posteriores para cuestionar las actuaciones de la Fiscalía durante la gestión de Mariaca.
3. Mariaca denunció presiones
Dos días antes de su detención, Estados Unidos revocó el visado de Mariaca y lo incluyó en un listado de altos cargos y exfuncionarios de Bolivia, Colombia y Perú a los que acusó de corrupción y de «socavar Gobiernos elegidos democráticamente».
Mariaca rechazó las acusaciones y defendió la independencia del Ministerio Público. Dijo haber recibido «con mucha sorpresa» la decisión de Washington y pidió «respeto» a la soberanía de Bolivia, al considerar que se pretendía «condicionar» o «interferir» en el trabajo de la Fiscalía.
El fiscal general vinculó la decisión estadounidense con las «implicaciones» que tuvieron algunas investigaciones impulsadas por la Fiscalía, entre ellas las relacionadas con el consultor político argentino Fernando Cerimedo, procesado por una supuesta tentativa de feminicidio contra su expareja y también investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
4. ¿De qué se le acusa a Mariaca?
A Mariaca lo detuvo el miércoles la Policía acusado de liderar una supuesta organización criminal y de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.
El Gobierno sostiene que Mariaca encabezaba una estructura dedicada a proteger actividades vinculadas al narcotráfico y que las acusaciones están relacionadas con la supuesta protección a la organización de Marset.
Además de Mariaca, resultaron detenidos el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y otras personas vinculadas a la Fiscalía. Entre los arrestados hay seis señalados de intentar sacar documentación de la vivienda del fiscal general. Cerca del domicilio, también se decomisaron más de 300.000 dólares que eran transportados en una ambulancia que salió del lugar.
Por tratarse, según el Ejecutivo, de delitos ordinarios, el Gobierno sostiene que a Mariaca debe ser procesado por la justicia ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades ante el Parlamento.
5. Disputa por quién queda al frente de la Fiscalía
Tras la detención de Mariaca, Luis Montaño asumió provisionalmente la conducción de la Fiscalía General por ser el fiscal superior «con mayor antigüedad», según el Ministerio Público, con el argumento de evitar un vacío institucional.
El Gobierno de Paz desconoció esa designación, acusó a Montaño de usurpar funciones y sostuvo que el Legislativo debe definir quién asume de manera transitoria la dirección de la Fiscalía.
El Parlamento sesiona este viernes para abordar una propuesta de modificación de la ley que regula la Fiscalía General y establecer un procedimiento para la suspensión definitiva del fiscal general en caso de que cometa un delito ordinario.
6. Respaldo internacional
El Departamento de Estado de EE.UU. y los países que integran la coalición ‘Escudo de las Américas’ respaldaron al Gobierno de Paz y reclamaron que continúen las investigaciones y los procesos contra las supuestas redes de protección al narcotráfico.
El caso se produce además en un país donde la hoja de coca tiene un doble carácter: es un cultivo tradicional de profundo valor cultural y, al mismo tiempo, la materia prima utilizada para producir cocaína. La Constitución reconoce la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural y establece que en su estado natural no es un estupefaciente.
En septiembre, Bolivia presentó su nueva política antidroga para 2025-2030, después de que un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) registrara 36.400 hectáreas de cultivos de coca en 2025, un 7 % más que las 34.000 de 2024. EFE
